Pretenden obligar a cuidar los muebles de la escuela por ley

Un proyecto impulsado por el Gobierno Municipal de Tarija y algunos concejales, prevé generar una normativa municipal con el principal objetivo de marcar conciencia tanto en padres de familia como en estudiantes, sobre el cuidado del mobiliario al interior de los establecimientos educativos.

Dirección de Educación

El director de Educación y Deportes del Gobierno Municipal de Cercado, Carlos Alemán, señaló que existen varios gastos que se deben destinar al mantenimiento y re adecuación de los establecimientos educativos en el municipio, entre estos, pintado y adquisición de mobiliario para que los estudiantes pasen clases con la infraestructura adecuada.

“Cuando los niños pintan sobre la infraestructura, los gastos nuevamente corren por parte de la Alcaldía, queremos más que todo precautelar y concientizar a los jóvenes a que puedan cuidar el mobiliario nuevo y también el usado”, declaró.

Esta normativa municipal abarca varios puntos, por ejemplo, una sanción cuando un estudiantes de manera no intencional jugando con la pelota, rompa un vidrio; uno de los mecanismos que se pretende utilizar para “generar conciencia” en los estudiantes, es hacerlos partícipe cuando se haga la limpieza del colegio u otros trabajos.

La norma también prevé que el padre de familia del estudiante que dañó el mobiliario en el establecimiento educativo, se haga responsable por el mismo, puede ser reponiendo, entre otros trabajos.

“En el caso de los baños los jóvenes empiezan a pintar las paredes, por eso queremos que los niños ya no caigan en estas situaciones, más bien que cuiden porque es la plata del municipio, de todo Cercado”, indicó.

La razón o el motivo por los que nació la idea de la construcción de esta normativa, son diversos, pero sobre todo en base a que todos los años, el factor común en los requerimientos que llegan a la Alcaldía por parte de los colegios en Cercado, recae en la adquisición de mobiliario.

En unas 11 unidades educativas se invirtió cerca de 300 mil bolivianos en la gestión 2019, según Alemán y solo en el nuevo colegio Santa Ana, se prevé que el costo del mobiliario asciende al 1.700.000 bs.

Norma ya fue socializada

Por su parte el concejal, Valmoré Donoso, explicó que esta norma para generar conciencia en los estudiantes, padres de familia, directores y profesores, fue elaborada de forma coordinada con las instituciones involucradas.

“Lo más importante del proyecto de ley es que haya una corresponsabilidad entre los mencionados y la Alcaldía para que se precautele el mobiliario en cada unidad educativa”, dijo.

Datos de Donoso, señalan que el mobiliario para el colegio Carmen Mealla tuvo un costo de al menos 1.125.000 bolivianos.

“El ejecutivo municipal ha elaborado la norma junto con la junta de padres de familia y con los directores de las unidades educativas”, aclaró.

laCIFRA

Mantenimiento

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía informaron que en el 2018 se hizo el mantenimiento de 60 unidades educativas.

Normativa nacional precautela bienes del Estado

Para el concejal de Unidos Para Renovar (Unir), Alberto Valdez, no sería necesario contar con una ley municipal cuando ya existe una normativa nacional que sanciona a la persona que daña un bien público, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Primero, no sé si verdaderamente el municipio habría cumplido con dotar de mobiliario a todas las unidades educativas que lo venían pidiendo, son recursos públicos de inversión en la compra de mobiliario. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es bien clara en el tema del mal uso de bienes del Estado, ahí debe buscar el cuidado necesario de estos bienes, son los directores”, indicó.

En el caso en el que un director sorprende a un estudiante dañando mobiliario en algún establecimiento educativo, según Valdez, la autoridad educativa debe comunicarse con el padre de familia del responsable y llamarle la atención como corresponde.

Por lo tanto, dicha normativa para el concejal de UNIR no sería tan “necesaria” ya que lo único que hace falta, es contar con el personal correspondiente que haga cumplir la normativa a escala nacional y la “voluntad” necesaria al interior del municipio para esto.