Comunarios de Tojo piden justicia por escuela que se cae a pedazos

Habitantes de la comunidad de Tojo, en el municipio de Yunchará, dicen sentirse frustrados al ver cómo una obra de casi cinco millones de bolivianos se está cayendo a pedazos. Se refieren a la unidad educativa que se construyó en la gestión del exalcalde, Lino Condori, y que no duró ni tres años, pues la infraestructura presentó rajaduras que ponían en peligro a los estudiantes.

Por esa situación, los comunarios piden al Ministerio de Público dar con los responsables de la mala ejecución de esa obra, ya que no solo se ocasionó un daño a la comunidad sino al Estado.

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Cabe recordar que la unidad educativa de Tojo fue ejecuta por la empresa “Asociación Accidental Fernández y Vargas” por 4.642.107,37 bolivianos. Pero además, el propietario de esa empresa no solo se benefició con ese contrato, también fue el que realizó el diseño final del proyecto, por el que recibió 120.000 bolivianos. Así se constató en el cuaderno de investigación al que tuvo acceso El País.

Era un proyecto de la Alcaldía de Yunchará, que en ese entonces era manejada por Condori. Otros funcionarios también estuvieron implicados en el proyecto. Gladys Alarcón, actual alcaldesa de Yunchará, fungía como técnica de Asesoría Legal y Grover Pereira, exsecretario de Lino cuando fue gobernador interino, ocupaba el cargo de Oficial Mayor Administrativo del Municipio.

Frustrados

Elías Ampuero, exsecretario general de la comunidad, recordó que el colegio fue construido entre el 2008 y el 2010. Sin embargo, desde el 2011 empezó a mostrar problemas, el techo se empezó a caer a pedazos.

Se hicieron algunas reparaciones, pero fueron en vano. El 2013 los estudiantes se vieron obligados a retornar a la antigua escuela. “Se caían los vidrios, el estuco se desprendía por partes, no era posible pasar clases aquí”, comentó el comunario a tiempo de recalcar que la vieja infraestructura tampoco era adecuada para los estudiantes de la zona, pero al menos era más segura. “No había de otra”, dijo.

Ampuero señaló que el 2017 la comunidad denunció ante el Ministerio Publico la mala ejecución de la obra. “Hicimos conocer las condiciones en las que estaba este colegio. No hemos dado nombres de culpables, eso es trabajo de la Fiscalía. Pero no es justo, hemos esperado tanto por este colegio, para que en menos de tres años de uso se empiece a caer”.

Recordó que cuando se inició la planificación del colegio la comunidad sugirió unos terrenos que eran estables, sin embargo, el personal de la Alcaldía y de la empresa ejecutora los descartaron.

“Se nota que aquí no hicieron un estudio de suelos, porque esta zona es gredosa, es una quebrada  y por eso no es estable. Nos preocupa bastante esto, se invirtieron casi cinco millones que ahora están botados, nos sirve para nada. Como comunidad estamos de acuerdo en que se castigue al culpable, no estamos contra nadie, solo buscamos justicia”, recalcó.

Mirtha Aramayo, corregidora de Tojo, confirmó que el colegio está abandonado porque se estaba cayendo. “Yo era presidenta de la Junta de Padres cuando se hizo el traslado, era necesario porque el cielo raso se estaba cayendo a pedazos, era un peligro para los estudiantes”, dijo.
Como comunidad estamos de acuerdo en que se castigue al culpable, no estamos contra nadie, solo buscamos justicia

Elías Ampuero COMUNARIO
Aramayo lamentó que la infraestructura siga deteriorándose, sin recibir atención de las autoridades. “El Municipio tenía conocimiento de cómo estaba la infraestructura, pero tampoco pudo solucionar los daños”.

Advirtió que los estudiantes actualmente corren peligro al asistir al colegio, ya que la antigua infraestructura se halla alejada de la comunidad.

Ofelia Tejerina, del Sindicato de la Comunidad de Tojo, dijo sentirse triste por ver una obra de cinco millones de bolivianos que no llegó a cumplir las necesidades de los estudiantes.

“Pedimos que se haga un nuevo colegio, que esto no quede así. Cada día se va deteriorando, se cae el techo, se parte el suelo por la humedad”, advirtió.

Recordó que había temor en los estudiantes y profesores, porque debían estar más pendientes de los ruidos que salían de las paredes y el piso, que en pasar clases.

“Hicimos conocer esos problemas a la Alcaldía y al Concejo Municipal, pero solo llamaban la atención a la empresa que venía a remachar un poco y nada más. Pero esa no era la solución”, comentó.

Por todas esas razones, Tejerina está de acuerdo en que se sancione a los culpables. “Que respondan por este daño que ocasionaron. Para la comunidad esta obra ha sido un fracaso”.