Instituciones dan por fracasado el intento de lograr Pacto Fiscal
El 2018 cierra sin Pacto Fiscal. Desde hace ocho años se planificó modificar la distribución de recursos que reciben los gobiernos departamentales, municipios y universidades de Bolivia de acuerdo a las nuevas características que demanda la población, pero no hubo avances. El secretario...
El 2018 cierra sin Pacto Fiscal. Desde hace ocho años se planificó modificar la distribución de recursos que reciben los gobiernos departamentales, municipios y universidades de Bolivia de acuerdo a las nuevas características que demanda la población, pero no hubo avances.
El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, considera que los partidos opositores deben generar una nueva propuesta. Mientras tanto, la Gobernación de Tarija ya no asistirá a las convocatorias que realice el Viceministerio de Autonomías y da por cerrada esta etapa.
“El Pacto Fiscal ha fracasado. Desde el 2010 hasta ahora se ha demostrado que el Gobierno lo único que quería era distraernos hasta la sesión número 14. La sesión Técnica del Pacto Fiscal trabajó de una manera coherente, allí se realizaron las propuestas específicas, pero a partir del año pasado no se avanzó ni un milímetro”, lamentó Ardaya.
La Gobernación de Tarija decidió no asistir a las reuniones convocadas por el Gobierno nacional para tratar esta temática, tal como lo hizo Santa Cruz y La Paz, hasta que se convoque al Consejo Nacional de Autonomías. “Es obvio que hay una violación flagrante a la autonomía departamental, porque a través de la Ley 103 el Gobierno dispone de los recursos adicionales”, sostuvo.
La disposición de los recursos adicionales que generan las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el Sistema Único de Salud (SUS) que será administrado por el Gobierno central con recursos municipales y otras acciones fueron evaluadas como “atropellos contra la autonomía” y en tal sentido, Tarija retrocedió. Los efectos redistributivos de la Coparticipación Tributaria fue un límite para el departamento.
“Lo que pretende el Gobierno es debilitar el nivel intermedio, porque más del 99 por ciento de nuestro presupuesto depende de transferencias gubernamentales, fundamentalmente regalías, puede ser hidrocarburíferas o mineras y de esta manera deja sin capacidad gubernativa a los gobiernos departamentales”, explicó.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia), Álvaro Ruiz, considera que el trabajo que generará una propuesta para un nuevo Pacto Fiscal se encuentra en curso y sostuvo que los gobiernos municipales están cooperando, pero que es la Gobernación la que pone trabas a los avances.
Por otro lado, el analista de economía de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Gabriel Gaite, insistió en que el Pacto Fiscal se trata de una necesidad para incrementar los ingresos de las gobernaciones, municipios y universidades de todo el país con el objetivo de profundizar los avances autonómicos. Los bajos ingresos y el incremento de los gastos en el país hacen que Gaite sostenga la teoría de lograr un Pacto Fiscal departamental.
“Sería adecuado que primero exista un Pacto Fiscal nacional, pero yo soy pesimista sobre lograrlo, porque el Gobierno tiene un enorme huevo de déficit fiscal. Ahora está en campaña electoral y tendrá que gastar plata, pero a nivel departamental se podría hacer siempre y cuando haya la solidaridad de las provincias”, indicó y señaló la problemática que tiene el Gran Chaco con los demás municipios productores, en referencia a la ley del 45%.
La redistribución de recursos departamentales se planteará en caso de realizar un Pacto nacional, pero las autoridades cuestionaron la cantidad de recursos que se reciben, tomando en cuenta la confiscación de los recursos adicionales y aquellos que se destinan para el fomento a la explotación y exportación hidrocarburífera.
Tarija, la más dependiente de la economía extractivista
Al contrario de lo que ocurre con los recursos recibidos desde el Tesoro General del Estado (TGE), los ingresos de los gobiernos departamentales evidencian una fuerte dependencia de la renta extractiva. Particularmente los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca con las regalías hidrocarburíferas, y Potosí y Oruro con las regalías emergentes de la actividad minera, y Beni y Pando con la regalía compensatoria.
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El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, considera que los partidos opositores deben generar una nueva propuesta. Mientras tanto, la Gobernación de Tarija ya no asistirá a las convocatorias que realice el Viceministerio de Autonomías y da por cerrada esta etapa.
“El Pacto Fiscal ha fracasado. Desde el 2010 hasta ahora se ha demostrado que el Gobierno lo único que quería era distraernos hasta la sesión número 14. La sesión Técnica del Pacto Fiscal trabajó de una manera coherente, allí se realizaron las propuestas específicas, pero a partir del año pasado no se avanzó ni un milímetro”, lamentó Ardaya.
La Gobernación de Tarija decidió no asistir a las reuniones convocadas por el Gobierno nacional para tratar esta temática, tal como lo hizo Santa Cruz y La Paz, hasta que se convoque al Consejo Nacional de Autonomías. “Es obvio que hay una violación flagrante a la autonomía departamental, porque a través de la Ley 103 el Gobierno dispone de los recursos adicionales”, sostuvo.
La disposición de los recursos adicionales que generan las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el Sistema Único de Salud (SUS) que será administrado por el Gobierno central con recursos municipales y otras acciones fueron evaluadas como “atropellos contra la autonomía” y en tal sentido, Tarija retrocedió. Los efectos redistributivos de la Coparticipación Tributaria fue un límite para el departamento.
“Lo que pretende el Gobierno es debilitar el nivel intermedio, porque más del 99 por ciento de nuestro presupuesto depende de transferencias gubernamentales, fundamentalmente regalías, puede ser hidrocarburíferas o mineras y de esta manera deja sin capacidad gubernativa a los gobiernos departamentales”, explicó.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia), Álvaro Ruiz, considera que el trabajo que generará una propuesta para un nuevo Pacto Fiscal se encuentra en curso y sostuvo que los gobiernos municipales están cooperando, pero que es la Gobernación la que pone trabas a los avances.
Por otro lado, el analista de economía de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Gabriel Gaite, insistió en que el Pacto Fiscal se trata de una necesidad para incrementar los ingresos de las gobernaciones, municipios y universidades de todo el país con el objetivo de profundizar los avances autonómicos. Los bajos ingresos y el incremento de los gastos en el país hacen que Gaite sostenga la teoría de lograr un Pacto Fiscal departamental.
“Sería adecuado que primero exista un Pacto Fiscal nacional, pero yo soy pesimista sobre lograrlo, porque el Gobierno tiene un enorme huevo de déficit fiscal. Ahora está en campaña electoral y tendrá que gastar plata, pero a nivel departamental se podría hacer siempre y cuando haya la solidaridad de las provincias”, indicó y señaló la problemática que tiene el Gran Chaco con los demás municipios productores, en referencia a la ley del 45%.
La redistribución de recursos departamentales se planteará en caso de realizar un Pacto nacional, pero las autoridades cuestionaron la cantidad de recursos que se reciben, tomando en cuenta la confiscación de los recursos adicionales y aquellos que se destinan para el fomento a la explotación y exportación hidrocarburífera.
Tarija, la más dependiente de la economía extractivista
Al contrario de lo que ocurre con los recursos recibidos desde el Tesoro General del Estado (TGE), los ingresos de los gobiernos departamentales evidencian una fuerte dependencia de la renta extractiva. Particularmente los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca con las regalías hidrocarburíferas, y Potosí y Oruro con las regalías emergentes de la actividad minera, y Beni y Pando con la regalía compensatoria.
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