Los mercados y la soberanía, los quebraderos de cabeza de YPFB

Cívicos y políticos del departamento de Tarija y del país cuestionan el desempeño del sector nacional de los Hidrocarburos y advierten de tiempos difíciles a partir de 2019, puesto que no se han tomado las decisiones pertinentes para transformar la matriz y dejar de depender de la exportación de la materia prima.

Tres son los principales interrogantes que generan dudas y que atañen a lo realizado, al tiempo que se añade un cuarto, que es el precio del petróleo a nivel mundial, y que es una variable fundamental pero sobre la que el Gobierno de Bolivia no puede ejercer mayor control. Una caída de precios internacionales como se avizora, repercutirá en los ingresos por regalías en el Estado y en los departamentos productores, que tendrá de nuevo un efecto contagio sobre la economía, advierten los expertos de la Fundación Jubileo, pero también asambleístas como Mauricio Lea Plaza o el secretario de Coordinación Waldemar Peralta.

Las tres variables que generan dudas son: Mercados, exploración e industrialización; las tres tienen vinculaciones, y las tres son parte fundamentalmente política, es decir, tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Raúl Velásquez lo explica sencillo: Sin exploración no hay mercados asegurados en un mundo globalizados, y sin mercados difícilmente se puede dar el impulso a la Industrialización, que ha quedado olvidada y apartada mientras los recursos procedentes de la exportación se destinaban a otros fines y no a potenciar la industrialización.

En 2018 se han presentado algunos campos menores como Los Monos o Caigua, pero se ha avanzado más bien poco en los grandes. San Alberto sigue en retroceso; Incahuasi, en Santa Cruz, el pozo identificado para cubrir la caída de producción en el megacampo carapareño, no ha dado los resultados esperados.

Las reservas probables y posibles, por ejemplo, han disminuido respecto a la certificación de 2014, por lo que se entiende que la inversión ha ido enfocada a transformar ese tipo de datos en información real, pero no se han encontrado nuevos indicios.

En la ofensiva por lograrlo, ya a finales de 2017 se había concretado la inmersión en Tariquía para aflorar los hallazgos ya registrados en décadas pasadas, algo que se concretó en marzo; en abril se autorizó la exploración y explotación por vías no convencionales en el área de Miraflores, en Chuquisaca, y con esa decisión Morales abrió prácticamente las puertas al fracking en el país; en mayo se acudió a una financiera de capital riesgo, Milner Capital, precisamente para enfrentar algunos proyectos de exploración y recuperación secundaria.
Para la asambleísta María Lourdes Vaca, el intento de ingresar a Tariquía es la evidencia de un fracaso, al igual que la autorización del fracking, pues se pierden las banderas principales del proceso de cambio.

La ausencia de exploración exitosa ha impedido la apertura de nuevos mercados, que básicamente debían concentrarse en alcanzar las costas (vía Ilo o vía Paraguay) para acceder al mercado mundial del Gas Natural Licuado (GNL), que cotiza más alto y sobre todo, elimina las barreras de la exportación por ducto. La última declaración del presidente de YPFB, Óscar Barriga, hacía mención a un hipotético estudio para tender ductos hacia Ilo, es decir, el asunto se encuentra en fase muy preliminar a pesar de que se viene hablando desde que se instauró la dinámica de los gabinetes bilaterales con Perú en el Gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016).

Sin mercados, tanto Brasil como Argentina han desplegado diversas estrategias para presionar a la baja los contratos de provisión de largo plazo que ambos países tienen firmados con Bolivia. Tanto Brasil como Argentina han desarrollado los macroproyectos del Presal (producción en aguas profundas) y de Vaca Muerte (fracking) que les ha servido para declarar su autosuficiencia dejando a Bolivia sin capacidad de negociación.

El contrato con Brasil acababa en 2019 y el nuevo ministro brasilero ratificó la fecha, si bien el ministro Luis Alberto Sánchez ha indicado que faltan volúmenes por entregar – sin aclarar sobre su pago – lo que alargaría el contrato.

Argentina presiona en el mismo sentido y el propio ministro Sánchez llegó a aceptar una rebaja de volúmenes anuales alargando el plazo de entrega que finalizaría en 2026; sin embargo después matizó sus respuestas.
Diferentes actores han convocado a las instituciones tarijeñas a desarrollar propuestas alternativas a los ingresos del gas, puesto que existirán problemas en el corto plazo.

Sin noticias de la petroquímica de Yacuiba

El plan de industrialización post – nacionalización incluía la puesta en funcionamiento de la planta petroquímica de Urea en 2014, de propileno en 2018 y de etileno en 2022. La primera llegó en 2016, la segunda no se espera hasta, al menos, el 2021 y de la tercera ni siquiera hay un estudio que le de viabilidad. La demora con las plantas separadoras y la voluntad política ha jugado un papel fundamental.

Las plantas debían entregarse para garantizar un cambio en el tipo de ingresos percibidos por el Estado sobre el gas; de los recursos por la exportación a los derivados de la venta de productos industrializados.
De momento la consolidación del proyecto está en el aire y nadie ha desvelado si el proyecto de Presupuesto de 2019 incluye recursos para este propósito.