¿Conoce la polémica Ley del 45%?

La propuesta de ley del 45 por ciento pretende es redistribuir los recursos que percibe el departamento por la renta petrolera. Sin embargo, para una redistribución se tendrá modificar la Ley 3038 que asigna el 45 por ciento del 11 por ciento de las regalías del total de la producción departamental de hidrocarburos a la provincia Gran Chaco, algo que a priori en la Región Autónoma se rechaza.

El proyecto de ley nació como iniciativa de los municipios productores -Bermejo, Padcaya y Entre Ríos- en contraparte a la Ley 3038.

Actualmente, las regalías que provienen de la explotación de pozos que se encuentran en estos municipios son repartidas beneficiando a la región autónoma, “en especial a Yacuiba, que irónicamente no es un municipio productor”.

En septiembre de la gestión 2017 se presentó la propuesta en La Paz ante la Cámara de Diputados con la presencia de los representantes de Santa Cruz, Chuquisaca, Bermejo, Entre Ríos y Padcaya, pero según un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se determinó que la competencia es departamental.

Los cívicos y políticos de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos tienen la intención de modificar el régimen fiscal, esta vez a través de una ley departamental que, como advierten los expertos, difícilmente podrá modificar la Ley 3038 de ámbito nacional.

Las medidas que tomaron algunos municipios como Villa Montes ante la falta de una respuesta por parte del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Guillermo Vega, sobre el tratamiento de la Ley del 45%, se determinó acatar a un paro de 24 horas el pasado miércoles 14 de con bloqueo de caminos en la ciudad fronteriza.

Cabe recordar que Entre Ríos, Bermejo y Padcaya son gobernadas por el MAS, que también es mayoritario entre las autoridades de la Región Autónoma del Chaco; la Asamblea Plurinacional que debería derogar la 3038 es controlada en dos tercios por el partido de Gobierno, que también tiene mayoría cualificada en la Asamblea Departamental.

Hasta el momento las autoridades del Chaco se han negado a analizar ese proyecto de ley, bajo el argumento de que no hay nada qué tratar, pues la distribución de la renta petrolera está establecida en la Constitución Política del Estado.