La Asamblea y la Gobernación verificarán derrame en el Chaco
Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y la Gobernación coinciden en la necesidad de verificar “in situ” el último derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de El Manantial de Caraparí, a raíz de la ruptura de un ducto recolector del Pozo SAL-X12 perteneciente al...



Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y la Gobernación coinciden en la necesidad de verificar “in situ” el último derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de El Manantial de Caraparí, a raíz de la ruptura de un ducto recolector del Pozo SAL-X12 perteneciente al bloque San Alberto.
La ruptura de dicho ducto se conoció el martes 23 de octubre, sin embargo, según se explicó desde Caraparí, la comunidad afectada mantiene un estado de emergencia ambiental que ha merecido la atención de autoridades departamentales; mientras, una comisión de la Asamblea Legislativa más otra de la Gobernación se presentarán en el lugar.
La asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Amanda Calizaya, expuso que la inspección es para corroborar las denuncias y verificar que los trabajos de mitigación se desarrollen plenamente. También hablarán con los comunarios para conocer detalles respecto al tema ambiental y de salud, información que se plasmará en un informe.
“Vamos a tener una reunión con las autoridades que nos harán conocer información sobre esta posible contaminación, ellos nos presentarán el informe de estudios que realizaron. Queremos que nos hagan conocer también cuál es la propuesta de mitigación”, sostuvo, a tiempo de agregar que se planteará a Petrobras el tema para que no vuelva a ocurrir incidentes similares.
Al respecto, la asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), María Elena Méndez, sostuvo que la Comisión de Desarrollo Humano verificará los efectos de la contaminación que, según dicen, pudo afectar a tanto a animales, plantas y a personas, por lo que solicitará un informe a los responsables de por qué no se toman los recaudos con mantenimiento de ductos.
“Conocemos que se han dado protestas en el municipio de Caraparí. Estas movilizaciones son producto de la indignación porque la vida es lo que se pone en juego con estos derrames, esto a vista de dirigentes y autoridades que mantienen un silencio preocupante”, expresó la legisladora ante los medios de prensa.
Por su parte, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, manifestó que es necesario conocer de primera mano la situación que se da en torno a ese incidente, remarcando la necesidad de que el Ministerio de Hidrocarburos y la gerencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) manden a realizar una evaluación general del estado de los ductos al haberse generado en el último tiempo roturas y explosiones.
El funcionario agregó que los pasivos ambientales que dejan los trabajos de explotación de hidrocarburos está generando un impacto negativo en la naturaleza y la gente, problemática que involucra a todos y no solo a las comunidades afectadas, por lo que pidió a la Brigada Parlamentaria un pronunciamiento.
Marcha de comunarios exige mayor atención
Según reportó el periodista, Willy Jerez, el lunes se tuvo una marcha por parte de habitantes de la zona afectada con el derrame de petróleo. Al cierre de esta edición, Rodolfo Fernández, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de San Alberto, dio a conocer que exigen la presencia de representantes estatales.
Otra exigencia, según Fernández, es que se proceda al resarcimiento y mitigación de los daños ambientales, ya que los habitantes consideran que no están realizando los trabajos “como debería ser”. Asimismo, el dirigente detalló que se piden garantías a la empresa operadora que es Petrobras, ya que existen versiones de que el ducto es antiguo.
El agua que se contaminó, según sostuvo Fernández, es usada para consumo humano, animal y de riego. “Es una de las quebradas que sale del cerro y se junta con otras más abajo, pasa en su trayecto por las comunidades de Caraparí y se va a Argentina, ahí llega a un dique donde se utiliza también con fines similares a los de aquí”, explicó.
Al momento, indicó que todos los que dependían de esta quebrada están pasando por necesidad, ya que si bien se dice que el agua ya está dentro de los parámetros para su consumo, la gente desconfía de los estudios realizados.
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La ruptura de dicho ducto se conoció el martes 23 de octubre, sin embargo, según se explicó desde Caraparí, la comunidad afectada mantiene un estado de emergencia ambiental que ha merecido la atención de autoridades departamentales; mientras, una comisión de la Asamblea Legislativa más otra de la Gobernación se presentarán en el lugar.
La asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Amanda Calizaya, expuso que la inspección es para corroborar las denuncias y verificar que los trabajos de mitigación se desarrollen plenamente. También hablarán con los comunarios para conocer detalles respecto al tema ambiental y de salud, información que se plasmará en un informe.
“Vamos a tener una reunión con las autoridades que nos harán conocer información sobre esta posible contaminación, ellos nos presentarán el informe de estudios que realizaron. Queremos que nos hagan conocer también cuál es la propuesta de mitigación”, sostuvo, a tiempo de agregar que se planteará a Petrobras el tema para que no vuelva a ocurrir incidentes similares.
Al respecto, la asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), María Elena Méndez, sostuvo que la Comisión de Desarrollo Humano verificará los efectos de la contaminación que, según dicen, pudo afectar a tanto a animales, plantas y a personas, por lo que solicitará un informe a los responsables de por qué no se toman los recaudos con mantenimiento de ductos.
“Conocemos que se han dado protestas en el municipio de Caraparí. Estas movilizaciones son producto de la indignación porque la vida es lo que se pone en juego con estos derrames, esto a vista de dirigentes y autoridades que mantienen un silencio preocupante”, expresó la legisladora ante los medios de prensa.
Por su parte, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, manifestó que es necesario conocer de primera mano la situación que se da en torno a ese incidente, remarcando la necesidad de que el Ministerio de Hidrocarburos y la gerencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) manden a realizar una evaluación general del estado de los ductos al haberse generado en el último tiempo roturas y explosiones.
El funcionario agregó que los pasivos ambientales que dejan los trabajos de explotación de hidrocarburos está generando un impacto negativo en la naturaleza y la gente, problemática que involucra a todos y no solo a las comunidades afectadas, por lo que pidió a la Brigada Parlamentaria un pronunciamiento.
Marcha de comunarios exige mayor atención
Según reportó el periodista, Willy Jerez, el lunes se tuvo una marcha por parte de habitantes de la zona afectada con el derrame de petróleo. Al cierre de esta edición, Rodolfo Fernández, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de San Alberto, dio a conocer que exigen la presencia de representantes estatales.
Otra exigencia, según Fernández, es que se proceda al resarcimiento y mitigación de los daños ambientales, ya que los habitantes consideran que no están realizando los trabajos “como debería ser”. Asimismo, el dirigente detalló que se piden garantías a la empresa operadora que es Petrobras, ya que existen versiones de que el ducto es antiguo.
El agua que se contaminó, según sostuvo Fernández, es usada para consumo humano, animal y de riego. “Es una de las quebradas que sale del cerro y se junta con otras más abajo, pasa en su trayecto por las comunidades de Caraparí y se va a Argentina, ahí llega a un dique donde se utiliza también con fines similares a los de aquí”, explicó.
Al momento, indicó que todos los que dependían de esta quebrada están pasando por necesidad, ya que si bien se dice que el agua ya está dentro de los parámetros para su consumo, la gente desconfía de los estudios realizados.
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