Instituciones en emergencia por confiscación de recursos a Tarija
Las instituciones de Tarija se declararon en estado de emergencia por la confiscación de recursos al departamento tras el comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas que determinó la confiscación de los recursos adicionales que debían incluirse en el POA 2018 y decidió que...
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Las instituciones de Tarija se declararon en estado de emergencia por la confiscación de recursos al departamento tras el comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas que determinó la confiscación de los recursos adicionales que debían incluirse en el POA 2018 y decidió que deben destinarse íntegramente a cubrir contrapartes en proyectos concurrentes con el nivel central del Estado, lo que supone una violación a la autonomía.
En meses anteriores, el Ministerio optaba por el débito automático para cobrarse contrapartes de proyectos. Actualmente, los proyectos en concurrencia son programas de agua y la construcción de los hospitales Oncológico y Materno Infantil, así como proyectos productivos en las subgobernaciones.
El diputado, Edgar Rendón, explicó que esta Ley se trató hace dos semanas atrás e indicó que “no fue culpa de los parlamentarios que no avisaron porque el Gobierno instruía a sus dos tercios que se apruebe todo lo que ellos quieran”. A su vez, informó que solicitó a la Brigada Parlamentaria Departamental de Tarija (BPDT) que el primero de octubre se fije una posición que defienda a la población de esta decisión.
“Tenemos que coordinar alguna acción con el Comité Cívico, con la Gobernación y tenemos que presentar acciones de cumplimiento o de inconstitucionalidad. Hasta el lunes tendremos una respuesta”, manifestó.
Después de que se aprobaran las modificaciones al Presupuesto General mediante la Ley 1103, los recursos de IDH y regalías se consignaron en una estructura programática 97-00-97 titulada Provisión Para Contrapartes con el Nivel Central del Estado para cuya reasignación. Las entidades deberán coordinar con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
El Ministerio de Economía y Finanzas determinó la anterior semana que los recursos adicionales que debían incorporarse en el presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) del 2018 por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) ya no se atengan a la Ley ni a los reglamentos habituales, sino que se inscriban directamente en las contrapartes para proyectos concurrentes con el Gobierno nacional.
Ante esta decisión “sorpresiva” para muchas autoridades, surgieron los reclamos desde diferentes instituciones que se declararon en estado de emergencia y solicitarán al Gobierno nacional revertir esta decisión. El asambleísta, Mauricio Lea Plaza, explicó que se está atropellando la autonomía departamental al decidir sobre el destino de los recursos que corresponden a Tarija y manifestó que según la ley solo pueden ser asignados por las entidades autonómicas.
De esta manera, pidió a las autoridades departamentales a pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, así también como a todas las autoridades municipales y provinciales del departamento. Desde la Gobernación, sus funcionarios explicaron que esta cantidad de recursos estaban destinados a proyectos de salud y al fomento de fuentes laborales, una de las principales demandas de la población.
Además, se definió que una comisión del Ejecutivo departamental se trasladará a la ciudad de Sucre para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la dicha disposición transitoria que habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Pública para realizar tal medida y defenderán la administración de recursos que forma parte de los derechos departamentales constitucionalizados.
Suponían Bs 120 MM de recursos adicionales
El Presupuesto General del Estado del 2018 estaba calculado con un barril de petróleo a 45 dólares, pero ha cotizado todo el curso por encima de los 65. Este importe, referencia para calcular el precio de venta de gas y por ende, regalías e IDH de cada departamento, beneficia especialmente a los productores, que aproximadamente recibiría entre un 15 y un 20 por ciento de recursos adicionales que supondrían unos 120 millones de bolivianos, pero el secretario de Planificación, Karym Leyton, señaló que solo se inscribieron 50 millones de bolivianos en esa partida.
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En meses anteriores, el Ministerio optaba por el débito automático para cobrarse contrapartes de proyectos. Actualmente, los proyectos en concurrencia son programas de agua y la construcción de los hospitales Oncológico y Materno Infantil, así como proyectos productivos en las subgobernaciones.
El diputado, Edgar Rendón, explicó que esta Ley se trató hace dos semanas atrás e indicó que “no fue culpa de los parlamentarios que no avisaron porque el Gobierno instruía a sus dos tercios que se apruebe todo lo que ellos quieran”. A su vez, informó que solicitó a la Brigada Parlamentaria Departamental de Tarija (BPDT) que el primero de octubre se fije una posición que defienda a la población de esta decisión.
“Tenemos que coordinar alguna acción con el Comité Cívico, con la Gobernación y tenemos que presentar acciones de cumplimiento o de inconstitucionalidad. Hasta el lunes tendremos una respuesta”, manifestó.
Después de que se aprobaran las modificaciones al Presupuesto General mediante la Ley 1103, los recursos de IDH y regalías se consignaron en una estructura programática 97-00-97 titulada Provisión Para Contrapartes con el Nivel Central del Estado para cuya reasignación. Las entidades deberán coordinar con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
El Ministerio de Economía y Finanzas determinó la anterior semana que los recursos adicionales que debían incorporarse en el presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) del 2018 por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) ya no se atengan a la Ley ni a los reglamentos habituales, sino que se inscriban directamente en las contrapartes para proyectos concurrentes con el Gobierno nacional.
Ante esta decisión “sorpresiva” para muchas autoridades, surgieron los reclamos desde diferentes instituciones que se declararon en estado de emergencia y solicitarán al Gobierno nacional revertir esta decisión. El asambleísta, Mauricio Lea Plaza, explicó que se está atropellando la autonomía departamental al decidir sobre el destino de los recursos que corresponden a Tarija y manifestó que según la ley solo pueden ser asignados por las entidades autonómicas.
De esta manera, pidió a las autoridades departamentales a pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, así también como a todas las autoridades municipales y provinciales del departamento. Desde la Gobernación, sus funcionarios explicaron que esta cantidad de recursos estaban destinados a proyectos de salud y al fomento de fuentes laborales, una de las principales demandas de la población.
Además, se definió que una comisión del Ejecutivo departamental se trasladará a la ciudad de Sucre para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la dicha disposición transitoria que habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Pública para realizar tal medida y defenderán la administración de recursos que forma parte de los derechos departamentales constitucionalizados.
Suponían Bs 120 MM de recursos adicionales
El Presupuesto General del Estado del 2018 estaba calculado con un barril de petróleo a 45 dólares, pero ha cotizado todo el curso por encima de los 65. Este importe, referencia para calcular el precio de venta de gas y por ende, regalías e IDH de cada departamento, beneficia especialmente a los productores, que aproximadamente recibiría entre un 15 y un 20 por ciento de recursos adicionales que supondrían unos 120 millones de bolivianos, pero el secretario de Planificación, Karym Leyton, señaló que solo se inscribieron 50 millones de bolivianos en esa partida.
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