Instituciones exigen recuperar el 12% del IDH confiscado

Los problemas financieros de las instituciones siguen generando controversia. Tanto las Universidades, que se suman a la demanda de la Universidad Pública de El Alto, como la Gobernación de Tarija, que ya ha expuesto sus problemas en el marco del Pacto Fiscal como los municipios exigen recuperar el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que fue confiscado para dotar la Ley de Incentivos Petroleros y que hasta la fecha, dicen, no ha dado ningún resultado tangible.

El proyecto fue impulsado por el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez y en su tramitación comprometió que de cada dólar invertido se obtendrían cuatro. La intención era premiar, elevando los precios de compra, a las petroleras que operan en Bolivia. De esta manera se esperaba un incremento de la actividad exploratoria, sin embargo los resultados son controvertidos. Mientras el Ministerio asegura que el plan exploratorio es ambicioso y envían señales optimistas y los opositores cuestionan la credibilidad, los resultados exitosos en exploración en los últimos tres años son escasos.

Emergencia en la UAJMS
El Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) señaló que en el XIII Congreso de Universidades se tomó la decisión de cursar tres solicitudes al Gobierno. “Que las subvenciones extraordinarias se suelden a las ordinarias, que se abonen los recursos para el incremento salarial decretado por el Gobierno del cinco por ciento y para los que no hay recursos y, tres, la reposición del dinero confiscado, que es el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que se iba a dedicar a exploración y explotación y que iba a dar ganancias y hasta el momento, nada”.

Gandarillas explicó que en los dos años que está al frente de la superior casa de estudios se estima un descuento de 9,3 millones de bolivianos por el concepto de IDH, más otros cinco en el primer año de la iniciativa. En cualquier caso, advirtió que “la UAJMS tiene un presupuesto que es deficitario en 70 millones. El déficit corresponde a seis millones de becas de alumnos, el incremento salarial del 5 por ciento decretado por el Gobierno, el crecimiento estimado de la inflación y el perteneciente al crecimiento vegetativo en docentes porque cada vez tenemos más estudiantes y hay que contratar más profesores”.

El Rector indicó que existe un compromiso del Ministro de Economía, Mario Guillén, de garantizar los recursos para culminar el año, pues se estima que no quedarían recursos para pagar sueldos después de octubre, sin embargo “lo que queremos es garantizar el funcionamiento correcto a partir de 2019”, condición que según Gandarillas pasaría por un acuerdo en el marco del Pacto Fiscal.

Instituciones
Sobre el Pacto Fiscal se pronunció también el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, y responsable de la negociación en el Consejo de Autonomías y recordó que no hay avances por parte del Gobierno ni intención en culminar el proceso.

Ardaya consideró inadmisible que las Universidades no estén contempladas dentro del Consejo de Autonomías “los han excluido sin razón aparente, aunque seguramente muy evidente en política”, y celebró que se sumen a planteamientos similares a los que manejan varias Gobernaciones del país. “Se está pidiendo la devolución del 12 por ciento del IDH y están pidiendo que se incremente el porcentaje de coparticipación tributaria, lo que nosotros ya estamos pidiendo y hemos cifrado en un incremento del 5 al 7 por ciento. SI se hubiera alcanzado ese acuerdo que ya pide la ley Marco de Autonomías se hubiera evitado el conflicto que ya ha costado una vida. Esperemos el Gobierno ceda ante la demanda de todos”.

El mismo pedido salió del concejal y ex presidente del Concejo Municipal, Alfonso Lema, quien ayer presentó un estimado de los ingresos de renta petrolera para este ejercicio.
“Sin duda alguna el 12 por ciento debería volver pero no hay ninguna norma que lo establezca, que hoy está yendo a exploración y explotación. Pero no es lo único que se descuenta, también el 12%, un 30% a Renta Dignidad, otra parte para el Fondo Cívico patriótico y un 10% para Seguridad Ciudadana” señaló Lema al tiempo de estimar que el descuento del 12 por ciento le ha significado unos 56 millones de bolivianos en lo que va de los tres años en que lleva vigente la norma.

Proyectos y promesas en la exploración

El único megacampo puesto en operación en los últimos doce años es el de Incahuasi, que en realidad fue descubierto en años anteriores. Del resto de proyectos, los más ambiciosos se encuentran en Tarija. En marcha está la perforación en Boyuy, al sur de Margarita y a cargo de Repsol. El último informe desmintió que se hubiera pinchado agua, por lo que en los próximos meses se esperan resultados. El otro gran proyecto es el de Huacareta, que ya empezó a perforar el pozo Jaguar X6 en Entre Ríos el pasado mes de mayo.

En los últimos meses el Gobierno ha concedido espacios en la Reserva Natural de Tariquía y otros para ser explotados a través de la fractura hidráulica (fracking).