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Instituciones se abren a incluir personas con discapacidades

La Gobernación de Tarija, la Asamblea Legislativa Departamental y el Gobierno Municipal aseguran cumplir con la inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes o tutores que tengan bajo su cargo familiares con estas características. La Ley General 223 para Personas con...

Ecos de Tarija
  • Roberto Patiño / El País
  • 09/04/2018 01:34
La Gobernación de Tarija, la Asamblea Legislativa Departamental y el Gobierno Municipal aseguran cumplir con la inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes o tutores que tengan bajo su cargo familiares con estas características.

La Ley General 223 para Personas con Discapacidad dispone que en instituciones privadas, públicas, organizaciones de carácter social y otras, del número total de empleados el 4 por ciento debe ser de ese tipo de población.

Funcionarios
Según la directora de Recursos Humanos de la Gobernación, Silvia López Baldivieso, con motivo de actualizar las planillas de la institución, para reportar al Ministerio de Trabajo sobre el Registro Obligatorio de Empleadores, se verificó el porcentaje de personas con capacidades diferentes y luego del cruce de información se constató que hay un 11 a 12 por ciento que trabaja en la Gobernación. Eso implica unas 50 personas de 479 funcionarios de planta.

De esa cantidad, 15 son profesionales titulados y el resto es personal técnico de apoyo administrativo.

“Dentro de la norma que los respalda, no se hace diferencia si son discapacitados o son tutores, ante la Ley no hay diferencia, tienen las mismas condiciones y beneficios. Además –agregó-, las funciones que desempeñan son de igual importancia, sean profesionales o personal técnico”.

Por su parte, el oficial mayor de la Asamblea Legislativa Departamental, Saúl Aldana Garay, detalló que en la entidad trabajan 131 funcionarios, de los cuales siete tienen capacidades diferentes y uno profesional.

En la misma línea, la Jefa de Recursos Humanos del Gobierno Municipal, Marcela Chamas Sánchez, aseguró que se cumple con esta disposición y que al momento se actualiza la información sobre los funcionarios con capacidades diferentes o tutores a causa del pago de un bono que se les debe realizar.

Muchas veces hubo y hay funcionarios que por desconocimiento y por incomodidad o vergüenza no presentaron su documentación anteriormente, explicó, pero que ahora se ha vuelto como un requisito necesario y por precaución. Incluso se creó un área encargada de hacer este seguimiento que se encuentra en la Secretaría de la Mujer y la Familia.

Son cerca de 2.000 funcionarios que dependen del Gobierno Municipal, de los cuales 24 tienen algún tipo de discapacidad y existen 59 tutores que tienen bajo su cargo a familiares con capacidades diferentes, lo que hace un total de 83 personas y llegan al 4 por ciento exigido por la norma. De esta cantidad, 25 son profesionales y el resto trabajadores y personal técnico de apoyo administrativo.

Las personas con discapacidad que trabajan cuidando autos, no pertenecen a la Alcaldía, sin embargo, se les dio autorización para poder cobrar a los vehículos estacionados por cuidarlos y así puedan tener una entrada económica.

Entretanto, el secretario Administrativo y Financiero del Concejo Municipal, Federico Beltrán, explicó que el ente deliberativo no es una entidad aislada, es parte del Gobierno Municipal, por lo que administrativamente el personal está bajo el registro de la Jefatura de Personal del Ejecutivo.

“El Concejo representa una parte marginal del Gobierno Municipal –afirmó-, por la cantidad de personal que se tiene, que no es representativo, llega a alrededor de 40 personas”.

Ley 223 para Personas con Discapacidad del 2012

El Objeto principal de la Ley 223/2012 es garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.

Busca lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas

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