Por un mejor acceso a la justicia

Elena Peña y Gabriela Moscoso realizaron una investigación acerca de los procesos de Asistencia Familiar (AF) en 5 juzgados de Tarija. Entre las conclusiones recogidas de mesas de diálogo interinstitucional, destacan las siguientes:

Incidencia comunicacional

Existen varios aspectos de las causas de AF que deben ser socializados. Pocas personas saben que, si su causa no ha sido resuelta, esta no se cierra, sino que es archivada en el juzgado correspondiente y estará lista para reactivarse en cualquier momento. Lo importante es retomarla en el juzgado en el que se inició.

Otro detalle es que el juzgado de familia puede solicitar un informe al SERECI para conocer casos de posible doble partida de nacimiento, y evitar así las dificultades en los procesos. De igual manera, una causa puede realizarse con una copia legalizada de la partida de nacimiento que será aceptada en casos de vulnerabilidad y de manera excepcional para cumplir los requisitos de demanda de AF.

Los casos en los que exista violencia intrafamiliar pueden ser avalados con un informe social para que el juez en lo penal emita una orden de protección especial con AF provisional. El juez también presentara el elemento indiciario sin exigir documentación como el certificado de nacimiento.

Informe social

Acerca del informe social mencionado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM son las instituciones que emitirán estos documentos, en los que se demuestra el estado de necesidad y vulnerabilidad de niños, adolescentes y/o mujeres víctimas de violencia, promoviendo así las demandas de AF y guarda en casos de violencia intrafamiliar.

Como se mencionó antes, la copia legalizada de partida de nacimiento es válida para demandar la AF, pues muchas beneficiarias no tienen los recursos para adquirir certificados, más aún si hay varios beneficiarios involucrados. Para justificar este recurso ante juzgado correspondiente, es necesaria la emisión del informe social.

Las instituciones piden

Las mesas de diálogo revelaron necesidades institucionales, como la incidencia de las autoridades y el ECAM en la gestión de un segundo equipo de trabajo para juzgados de familia en la capital, así como del equipo informático adecuado en los 11 municipios para mejorar la calidad del sistema de registro de datos, para así coordinar mejor los casos de violencia intrafamiliar entre la Defensoría y el SLIM, y exigir medidas de protección según la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

El gran desafío

Un tema central hallado en esta investigación, sobre todo de cara a la creación de un Instituto Municipal de Estadística de Tarija, es la capacidad para generar datos certeros.

Las instituciones no tienen un registro de datos actualizado, lo que impide proponer políticas públicas en favor de la niñez, la adolescencia, y las mujeres en situación de violencia. Ya que los datos registrados en distintas instituciones no coinciden, se recomienda tener criterios de registro uniformes que permitan recabar con claridad los datos e información para relacionar y estudiar variables.

Es urgente conocer datos cualitativos, sobre todo para comprender mejor la relación entre fenómenos como la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y la asistencia familiar. Estos fenómenos no son aislados, y requieren un tratamiento multidimensional.