Concusión: Fiscalía pide detención preventiva para funcionario que goza de medidas personales

El fiscal departamental, José Ernesto Mogro, este lunes confirmó la apelación para revocar las medidas sustitutivas para el funcionario municipal Adrián I. y se solicitará su detención preventiva mientras se lo investiga por presuntos cobros irregulares a dueños de negocios para evitar multas y sanciones.

La autoridad cuestionó una falta de cooperación de parte del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT), lo que llevó a ejecutar allanamientos para obtener documentación.

Antecedentes

Tras la denuncia de un grupo de personas, el 30 de julio la Policía aprehendió al sujeto que fungía como jefe de operativos. Presuntamente durante esas tareas hacía cobros irregulares a negocios para evitar multas.

La Fiscalía lo imputó por concusión, que consiste en aprovechar cargos públicos para obtener beneficios particulares. En su audiencia obtuvo únicamente medidas personales.

Apelación

El fiscal Mogro manifestó un desacuerdo con esa resolución judicial, por lo que se presentó una apelación. En cuanto se fije una fecha de audiencia, el equipo a cargo solicitará la revocación de las medidas personales y que se aplique la detención preventiva.

También indicó que hay otras tres personas investigadas que habrían participado en el ilícito y ya fueron citadas a declarar. Sin embargo, señaló que por el momento sus identidades se mantienen en reserva en resguardo al avance de la investigación.

Mogro agregó que existe la posibilidad de convocar al alcalde Jhonny Torres a declarar y cuestionó una falta de cooperación de parte de la institución.

“Al no tener respuesta por parte de la Alcaldía respecto a una solicitud de información, se ha solicitado a un juez cautelar que nos permita u ordene el allanamiento de algunas instalaciones. El 12 se procedió a dar cumplimiento, se ha podido secuestrar documentación y computadoras a ser analizadas”.

El fiscal concluyó mencionando que el GAMT aún no se constituyó en parte víctima, aunque “cuando hay personas que realizan estos cobros pierden las arcas de la Alcaldía porque el funcionario deja de hacer lo que está obligado a hacer con el propósito de obtener un beneficio económico”.