Tobilleras electrónicas de Bs 2,2 millones están guardadas desde 2022

Pasaron cuatro años desde que en julio de 2022 el gobierno nacional de entonces invirtiera 2,2 millones de bolivianos para la compra de 500 tobilleras electrónicas que tenían la finalidad de mitigar el hacinamiento carcelario y evitar que la asignación de custodios policiales reste personal a tareas de seguridad. Hasta ahora los dispositivos siguen guardados por la falta de una ley que regule su uso.

A falta de la disposición de estos artefactos, este 2026 la Fiscalía puso en marcha un nuevo sistema de monitoreo con registro biométrico.

Tobilleras

El 19 de julio de 2022 el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentaba una segunda fase del Proyecto Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110.

Ahí confirmó la compra de 500 tobilleras, además de un stock compuesto por 10 detectores de metales, siete rayos X para objetos, tres rayos X de cuerpo entero, 26 detectores de metal tipo paleta, ocho bloqueadores de señal de celulares, tres buses con capacidad para 26 personas y ocho centros de circuito cerrado de vigilancia. Todo tenía un costo de 34 millones de bolivianos, 2,2 millones fueron destinados a las tobilleras.

Particularmente el uso de esos artefactos tiene que ser normado. El ex oficialismo presentó el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia. Del Castillo expuso ante la Comisión de Constitución de Diputados y la redacción fue aprobada por esa instancia en 2023. En su redacción establecía que el uso de tobilleras podía evitar detenciones preventivas, permitía el monitoreo permanente y también habilitaba a gobiernos subnacionales comprar más dispositivos para su región e incluso a los sindicados comprar un dispositivo. Aunque no era una modalidad habilitada para cualquier delito y se restringía a los sentenciados.

Control En la capital tarijeña en ocasiones son cerca de 90 los guardias destinados a detenciones domiciliarias, mientras el penal de Morros Blancos únicamente hay 40 para la supervisión de 1.200 internos

La norma se aprobó en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero esa sesión del 5 de junio de 2024 presidida por Andrónico Rodríguez fue declarada nula por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La adquisición generó una serie de cuestionamientos de parte de la oposición, en particular de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), por un posible sobreprecio debido a que cada dispositivo tendría un costo unitario de 4.000 a 4.500 bolivianos, que sería más de lo que habrían pagado otros gobiernos de la región. Particularmente, el diputado Carlos Alarcón cuestionó entonces que no se haya hecho la compra luego de contar con una ley.

Desde entonces no avanzó una fiscalización al proceso de adquisición y precio, ni se volvió a agendar su votación, a pesar de múltiples peticiones, en particular desde la Policía debido a que las detenciones domiciliarias derivan en menos personal para otras tareas.

La cifra fluctúa, pero en general son unos 850 que fungen como custodios, de un total de 37.000 efectivos a nivel nacional. En números globales puede ser un porcentaje reducido, pero para jurisdicciones pequeñas resulta elevado. Por ejemplo, en Bermejo son casi 20 de 80 uniformados. En la capital tarijeña en ocasiones son cerca de 90 los guardias destinados a detenciones domiciliarias, mientras el penal de Morros Blancos únicamente hay 40 para la supervisión de 1.200 internos.

Además de la Policía, al pedido por la aprobación de la ley se sumaron juntas vecinales que piden más personal para patrullajes y autoridades judiciales que aseguran que su uso podría reducir las detenciones preventivas.

Nuevo mecanismo de monitoreo domiciliario

Luego de casi cuatro años sin el uso de tobilleras, en marzo de este año la Fiscalía General del Estado lanzó el Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares ROMA-ARGO, que es un sistema diseñado para emitir una alerta en cuanto el sindicado salga del área en que debe permanecer confinado.

Se trata de una plataforma que centraliza en un único entorno toda la información relevante: datos de geolocalización en tiempo real, registros biométricos y logs de autenticación. A nivel nacional ya se aplicó en más de 20 casos.