Violencia: Nueva ruta de actuación demanda más recursos materiales y humanos

En un contexto en el que en Bolivia cada semana hay uno a dos feminicidios, la Mesa Nacional de Lucha contra la Violencia de Género y el Ministerio Público promovieron leyes departamentales, algunas ya promulgadas, para optimizar los protocolos de atención. Sin embargo, su puesta en práctica requiere la inversión de todos los niveles estatales, tanto en recursos económicos como humanos.

La gestión 2025 cerró con 81 casos de feminicidio, apenas tres menos de los 84 registrados el 2024. Al día en todo el país hay un promedio de 127 mujeres que acuden a distintas instituciones para denunciar violencia.

Mejora de protocolos

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, esta semana arribó a Tarija para la promulgación de la Ley Nº 512 Departamental de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) que consiste en evitar la revictimización y garantizar mejores condiciones para la atención de las mujeres que acuden tanto a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), al Ministerio Público o a cada Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).

La construcción de la RAI se originó en 2021 entre el entonces Ministerio de Justicia y Ministerio Público. Tras cinco años, las asambleas legislativas de cada departamento van aprobando las redacciones trabajadas por las instituciones en sus regiones y sus gobernadores las van promulgando. Previamente lo hicieron Cochabamba y Santa Cruz.

El texto lo que hace es estandarizar procedimientos de coordinación en cuanto a protección, investigación, enjuiciamiento, sanción, reparación, seguimiento y ejecución de medidas de seguridad con el fin de generar una respuesta articulada frente a casos de violencia.

“La lucha contra la violencia no se declama, se legisla, se actúa (…) Cuando una ruta se convierte en ley, deja de depender de voluntades circunstanciales y se convierte en una obligación del Estado frente a las víctimas y frente a la sociedad entera”, señaló en su discurso en la capital tarijeña.

Además de firmar convenios, también exhortó a las autoridades locales a asumir compromisos. Por ejemplo, se dirigió a los alcaldes para pedir que se garantice la asignación de ítems al personal del SLIM y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), quienes muchas veces están bajo la figura de consultores.

“No podemos tener a esos funcionarios con contratos de tres, seis meses o un año. Por ejemplo, está el psicólogo buscando quién lo puede hacer recontratar y deja de lado a las víctimas, porque está velando también su situación particular. Pero el funcionario que tiene estabilidad laboral se va a dedicar a las víctimas”, señaló.

Al gobernador, Oscar Montes, también le solicitó que se junto a los alcaldes se identifique el municipio donde haya mayores índices de violencia, pero que carezca de cámara Gesell, y que allí se pueda dotar al Ministerio Público un terreno para que esta instancia gestione recursos para la instalación de una cámara Gesell, donde equipos multidisciplinarios entrevisten en buenas condiciones a las víctimas.

Carencias

Estas demandas y compromisos mantienen relación con una investigación denominada “Del hogar al Juzgado” que fue elaborada por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Contra las Drogas (OBSCD) que demuestra una serie de carencias institucionales. Por ejemplo, que en algunas ciudades la FELCV funciona en oficinas prestadas en condiciones precarias con la falta hasta de material de escritorio o que los SLIMs de ciertos municipios no cuentan con personal fijo, sino bajo contratos temporales.

Se agilizan los procesos, pero la violencia persiste

De enero a diciembre de 2025 se registraron 81 casos de feminicidio, solo tres menos que los 84 del 2024. Los datos de la Fiscalía indican que en 98,76% los autores fueron capturados y sus procesos ya cuentan con detención preventiva, en etapa preparatoria para ir a juicio o cumpliendo condena.

El departamento de La Paz es el que encabeza la lista con 31 casos, seguido por Santa Cruz con 17, Cochabamba con 13, Potosí 8, Oruro 6, Tarija 3, Chuquisaca 2 y Beni 1, mientras Pando cero casos. Una vez más, se confirmó que los autores son mayormente parejas o ex parejas de las mujeres.

Un número más silencioso es el de tentativas de feminicidio que el año pasado llegó a 178 mujeres que estuvieron en riesgo de perder la vida.