Se encamina otra aplicación de la amnistía e indulto carcelario

Esta semana, la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el proyecto de ley de amnistía e indulto presidencial, que ahora dependerá del pleno para su aprobación y posterior entrada en vigencia. Aunque desde el año pasado se presentaron propuestas de esta naturaleza, la última vez que se aplicaron fue en 2021.

Su posible implementación se suma a otras medidas, como la revisión de los plazos de detención preventiva, en medio de protestas en distintos recintos penitenciarios del país por las falencias del sistema judicial y el creciente hacinamiento carcelario.

De acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta mediados de 2025 existen 33.275 personas privadas de libertad distribuidas en las cárceles del país. De ese total, un 58,43% se encuentra con detención preventiva, mientras que el 41,57% cuenta con sentencia condenatoria. Esto significa que unas 18.500 personas están detenidas preventivamente; 11.000 llevan más de un año en esa condición; 7.000, más de dos años; y 4.500, más de tres años.

Aumento Los datos muestran que a diciembre de 2019 había 18.208 internos. En 2020, año de la pandemia, la cifra bajó a 17.305, pero desde entonces solo ha ido en aumento: en 2021 se registraron 18.703 personas, en 2022 fueron 24.824, en 2023 sumaron 28.838, al cierre de 2024 llegaron a 32.000 y, a mediados de 2025, el número ascendió a 33.275 internos.

Proyecto

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reconoció la gravedad de la situación y anunció, la última semana de agosto, que el gabinete de ministros había aprobado el anteproyecto con la finalidad de “descongestionar las cárceles del país y avanzar en la humanización del sistema penitenciario”.

El anuncio se produjo poco después de una serie de protestas en distintos penales, donde los internos cuestionaron que líderes políticos como Jeanine Añez, Fernando Camacho y Marco Pumari hayan accedido a una revisión de sus detenciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El 22 de septiembre, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto 5460, dirigido a indultar a presos que cumplan determinados requisitos. No obstante, la redacción final debe ser aprobada por el ente Legislativo. Este miércoles, la Comisión Mixta de Constitución dio su visto bueno para que el proyecto sea derivado al pleno.

Al igual que en otros indultos previos, el beneficio no es de aplicación general. Está dirigido a personas con sentencias ejecutoriadas por delitos menores que ya hayan cumplido parte de su condena. Sin embargo, quedan excluidos quienes tienen condenas por delitos sancionados con más de 10 años, como genocidio, feminicidio, asesinato, infanticidio, parricidio, homicidio, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, robo agravado, secuestro y otros.

Otras medidas

A fines de agosto, el TSJ emitió un instructivo para la verificación de los plazos de detención preventiva, con el fin de otorgar posibles medidas sustitutivas —como detención domiciliaria— a quienes hayan estado recluidos por más tiempo del que contempla el Código de Procedimiento Penal, que establece un máximo de seis meses, salvo justificativos por la complejidad de la investigación.

Esta disposición, que no aplica a quienes ya cuentan con una acusación formal y están a la espera de juicio, benefició a decenas de privados de libertad a nivel nacional. El cronograma continúa en marcha.

La política que aún no se encuentra vigente es el uso de tobilleras electrónicas, ya que el trámite de la ley para su implementación quedó en suspenso desde mediados del año pasado, pese a que el Ejecutivo ya adquirió 500 dispositivos, en medio de críticas por haberlos comprado antes de la aprobación de la norma.