Centro Oasis en crisis por falta de personal y hacinamiento

El Centro de Reintegración Social Oasis es el principal recinto para menores de edad varones que enfrentan sentencias o procesos penales en el departamento de Tarija, pero enfrenta problemáticas tan complejas como las cárceles de adultos, entre ellas el hacinamiento y la falta de personal.

La normativa vigente en Bolivia establece que la responsabilidad penal de adolescentes se aplica a quienes tienen 14 años de edad hasta antes de cumplir los 18.

Los problemas del Oasis

Esta semana se instaló la Mesa Técnica de Justicia Penal para Adolescentes, donde fueron expuestas las problemáticas de los recintos en Tarija. La primera consiste en la falta de condiciones para que los menores sentenciados o procesados se reinserten a la sociedad y que se evite que en el futuro reincidan en la comisión de delitos.

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), María Esther Valencia, explicó dos puntos en particular, hacinamiento y falta de personal.

Problema  Uno de los problemas es la carencia de personal, tanto de seguridad como educadores que acompañen el proceso de readaptación de los internos

Esta infraestructura tiene una capacidad máxima para que la habiten 40 menores de edad en condiciones aceptables.

Pero, aunque ese número ya fue alcanzado, indicó que continúan siendo enviados adolescentes y no solamente del departamento, sino que también llegan algunos desde Chuquisaca. Esto por determinación de autoridades judiciales de ese departamento.

El segundo problema tiene que ver con la carencia de personal, tanto de seguridad como educadores que acompañen el proceso de readaptación de los internos.

De acuerdo a las resoluciones judiciales y la norma, cuando un adolescente está cumpliendo una detención preventiva o una condena por delitos menores tiene el derecho a la educación, puede ser en una escuela regular. Pero para eso, se requiere de un custodio que lo acompañe y vigile hasta el regreso al Centro. Sin embargo, Oasis no cuenta con los funcionarios suficientes.

"La capacidad ya está colmada. (...) También nos preocupa el tema de los permisos porque sabemos que ellos tienen el derecho al estudio y también a otras actividades, la mayoría de esos 40 tienen permisos. Pasa que los jueces nos obligan a que esas salidas sean con un custodio o un educador", señaló.

A la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, además de la Gobernación y el Sedeges, acudieron representantes del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital, la Policía y el Ministerio Público

 Desde la coordinación expresaron que el objetivo es fortalecer un sistema de justicia penal adolescente más humano, restaurativo y respetuoso de los derechos. Esta semana está prevista la publicación de las conclusiones.

Justicia penal para adolescentes en Bolivia

La justicia penal para adolescentes en Bolivia, regulada principalmente por la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente, busca distinguir entre la responsabilidad de menores infractores y la de adultos, estableciendo un régimen diferenciado, con énfasis en la protección de derechos, la reintegración social y medidas socioeducativas.

Datos del Ministerio Público muestran que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2024, 373 adolescentes ingresaron al sistema penal juvenil boliviano, lo que equivale a unas 100 personas menores de edad por mes enfrentando procesos penales.

Los delitos más frecuentes en adolescentes

Los delitos más frecuentes que implican adolescentes son violencia sexual, incluyendo violaciones, delitos patrimoniales, delitos contra las personas, delitos relacionados con narcotráfico, aunque estos últimos son menores en proporción.

En 2025, este sistema enfrenta debates y propuestas de reforma que pretenden endurecer sanciones, al mismo tiempo que organismos de derechos humanos advierten posibles retrocesos