Advierten de una nueva arremetida contra la Ley 348 tras la liberación de un inocente

La última semana el caso de un hombre que pasó nueve años en Morros Blancos siendo inocente de una violación que sí existió, pero que fue cometida por otro sujeto,  reabrió el debate sobre la pertinencia de la Ley 348 por parte de quienes la consideran una herramienta de hostigamiento hacia los hombres a partir de denuncias falsas. Los datos oficiales señalan que estas denuncias falsas son marginales y que los casos de violencia contra la mujer siguen quedando en muchos casos en la impunidad – se retiran los cargos por diferentes causas – incluso en casos de feminicidio.

El protagonista fue Richard Mamani de 28 años fue encarcelado el 2016, tras ser denunciado por vejar a una niña. La gestión pasada la víctima confesó que en realidad la había agredido su cuñado, pero su hermana mayor la obligó a encubrirlo.

Su historia sirvió para poner en la discusión la utilidad de la Ley 348, incluso en medios de comunicación cuyos periodistas cuestionaron a las autoridades judiciales si habría que derogar la normativa para evitar que haya más víctimas de denuncias falsas.

Sobre el tema, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Tarija, Rosmery Ruíz, descartó que la solución a denuncias falsas sea tumbar la 348, sino aumentar la rigurosidad de la investigación.

En el caso particular, es evidente que no hubo una buena investigación y no han funcionado los controles posteriores.

Denuncias falsas

En redes sociales es donde más proliferaron las críticas a esta normativa, particularmente en cuentas o páginas identificadas con el libertarismo.

Una de sus activistas, Carola Antezana, usó sus redes para referirse a este caso en particular sosteniendo que “las denuncias falsas no pueden quedar impunes. Deberían ser penadas por ley y las penas deberían ser proporcionales al daño que causan”.

Ella fue una de las promotoras de la marcha hacia el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el año pasado pidiendo la abrogación de la norma. También organizó lives denominados “Vida y Libertad” con otros expositores. En una ocasión señaló lo siguiente:

“No invisibilizo la violencia que ha sufrido la mujer, pero estas leyes nos están poniendo en una situación deplorable, donde los hombres van a tener miedo de continuar una relación con cualquier mujer. Son leyes promulgadas desde un feminismo hegemónico”.

Cifras

Las premisas para abolir esa redacción sostienen que hay “cientos o miles” de hombres presos injustamente. Sin embargo, para ser así la población penitenciaria tendría que haber crecido aún más de lo que aumentó año a año.

El dato de la Dirección General de Régimen Penitenciario indica que a diciembre de 2024 en las cárceles habitaban 32.035 personas, un 6,82% son mujeres. Llegó a ese número luego de que en 2023 eran 28.838, en 2022 sumaban 24.824 y en 2021 llegaban a 18.703.

Los tres delitos más frecuentes son: violación a menor de edad con un 15,71%, tipificaciones de la Ley 1008 con un 14,47% y los robos o robos agravados con 13,20%. Los demás están por debajo del 10%.

El Ministerio Público reportó que Bolivia durante el 2024 hubo 50.325 denuncias por violencia de género.

Todo esto quiere decir que cada año la población carcelaria aumentó entre dos a cinco mil personas, que solo un porcentaje de los denunciados por violencia van a centros penitenciarios y que la cantidad de casos por agresiones contra la mujer en un solo año supera al número total de privados de libertad que enfrentan cargos desde asesinato hasta narcotráfico o robo.

La 348 que fue promulgada en 2013, entre otras cosas, incluyó al Código Penal la tipificación del feminicidio como máxima forma de violencia de género. Los reportes de la Policía y la Fiscalía coinciden en que la mayoría de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.

Entre 2020 y 2023 la tendencia era a la baja, pero el 2024 volvió a aumentar a 84. En el primer semestre de 2025 ya hubo 42 delitos de esta naturaleza y son más de 130 las tentativas de feminicidio. Aunque incrementó la efectividad de persecución de autores, el conteo solo suma.

Castigos para denuncias falsas ya existen

En el marco legal boliviano sí hay herramientas para castigar a quien presenta una denuncia falsa, ya sea por violencia o por cualquier otro delito.

La calumnia está tipificada en el Artículo 283 del Código Penal y puede tener una pena de seis meses a tres años de privación de libertad, además de una multa económica. Esto contempla a quien acusa falsamente a otra persona de algo, aun sabiendo que hay falsedad.

Además, existen agravantes que pueden aumentar la condena, como la divulgación en prensa.