En lo que va del año, 30 policías fueron dados de baja en el país
Algunos uniformados protagonizaron hechos delictivos, como estar implicados en narcotráfico o violencia de género. Muchos recibieron la baja definitiva, otros volvieron mediante amparos constitucionales



El 24 de junio la Policía Boliviana conmemoró su 199 aniversario de creación. A lo largo del 2025 hubo al menos 30 funcionarios que fueron dados de baja por estar implicados en una serie de escándalos y hechos delictivos, desde narcotráfico hasta violencia de género, que afectaron la imagen de la institución verde olivo.
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, a inicios de la gestión se creó una unidad dirigida específicamente a detectar “malos policías” y expulsarlos. Sin embargo, muchos de los que fueron apartados luego recobraron sus puestos mediante amparos constitucionales.
Bajas
La Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es la norma que clasifica los tipos de faltas y sanciones que amerita cada una de ellas, desde una llamada de atención hasta la baja definitiva.
De acuerdo a los reportes del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, en el primer trimestre del año hubo aproximadamente una treintena de funcionarios que fueron alejados permanentemente de la institución en un proceso administrativo. Por la gravedad de sus infracciones, la mayoría también fue sometida a un proceso penal en la vía ordinaria.
El presidente del Tribunal, coronel Edgar Cortez, reportó que la mayoría de los casos ocurrieron en el departamento de Santa Cruz. Además de las bajas definitivas, señaló que hay otros procesos disciplinarios que derivaron en bajas temporales y algunos más aún en curso.
Algunos de estos casos se convirtieron en escándalos por su gravedad.
Norma La Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es la norma que clasifica los tipos de faltas y sanciones
Uno de los más recientes fue el del mayor Gabriel J. S. H., a quien se lo apunta por darle seguridad a uno de los jefes del Primer Comando Capital (PCC), Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”. El ahora exfuncionario fue captado por las cámaras del Segip Santa Cruz acompañando al capo narco al momento de su captura.
El 29 de mayo fue procesado por el artículo 102 de la Ley 101 que tipifica faltas graves en flagrancia o de connotación institucional, lo que significa que con sus actos dañó la imagen de la Policía.
Días antes, el 21 de mayo el Tribunal Superior confirmó la baja sin derecho a reincorporación a una suboficial que se evidenció que cobraba coimas en dólares y bolivianos a cambio de cupos en la Academia Nacional de Policías (Anapol). Al proceso se sumaron siete víctimas, aunque no se descarta que haya más afectados. Paralelamente enfrenta una imputación penal por estafa.
Previamente, el 4 de abril el Tribunal Disciplinario de Santa Cruz oficializó que apartó a un suboficial implicado en el delito de violación a sus dos hijas menores de edad. Aunque el hecho habría ocurrido el 2016, recién fue procesado a partir del 2021 cuando la madre sentó la denuncia y concluyó este año.
A inicios de febrero salió a la luz otro escándalo que involucraba al excapitán Jaime Humberto Fernández Condarco, apuntado de liderar una banda criminal dedicada al robo de vehículos indocumentados y extorsiones en las poblaciones cruceñas de Comarapa, Mairana y Samaipata.
En pocos días fue dado de baja, junto a otros tres es funcionarios que eran sus cómplices.
Otros funcionarios fueron apartados por casos de violencia. Un ejemplo es el del sargento Brian C. Ch. que fue la primera baja del año a raíz de un video en el que se lo puede ver dando una golpiza a su pareja en plena vía pública en Oruro. Se trataba de uno de los policías condecorados por su participación en el desbloqueo de caminos en octubre de 2024.
Las bajas registradas desde el 2024
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, desde noviembre de 2020 a fines del 2024 fueron dados de baja y se suspendieron a un total de 1.394 policías. Sin embargo, no todos los que fueron apartados se mantuvieron afuera de la institución, porque acudieron a recursos jurídicos para recuperar sus puestos de trabajo.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó que muchos policías retornaron a través de amparos constitucionales y cuando volvieron a sus cargos nuevamente delinquieron.