Acusan a Evo de esquivar proceso con “chicanerías”

El Gobierno Nacional se pronunció tras la declaratoria de rebeldía contra Evo Morales por faltar a su audiencia cautelar por presunta trata de personas. Para el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, la defensa incurre en “chicanas” y él ejerce una “agenda de violencia”. Mientras, en el Chapare se refuerza el resguardo al líder cocalero que permanece en la sede de las Seis Federaciones del Trópico, en supuesto reposo.

Situación jurídica

El 17 de enero el juez quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia a la Mujer, Nelson Rocabado, declaró en rebeldía a Morales debido a su incomparecencia, le emitió un mandamiento de aprehensión, su arraigo, el congelamiento de sus cuentas y la anotación de bienes.

La defensa justificó la ausencia por un cuadro de bronconeumonía. Pero el juez descartó que lo descrito en el certificado sea un impedimento para acudir, ya que el expresidente en esas fechas apareció en redes sociales y en su programa de Radio Kawsachun Coca.

Ríos ratificó que la Policía planifica un operativo, considera que los certificados médicos son “de dudosa procedencia” y criticó las manifestaciones de sus allegados sobre la posibilidad de que un intento de captura devenga en muertes.

“Sus abogados en lugar de ayudarlo, lo perjudican con chicanerías y por la forma en que llevan el proceso. Evo Morales podría haber sido recordado como uno de los mejores presidentes, pero esas actitudes hacen que el pueblo boliviano rechace a este personaje”, declaró.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Sergio Pascual, confirmó que está vigente la alerta migratoria y un monitoreo en las fronteras. También se pretende ubicar a la víctima, Cindy S. Vargas, y a su madre, Idelsa Pozo, que igual está en rebeldía.

La imputación indica que el ciudadano habría embarazado a la joven en 2015, cuando ella era menor de edad y él fungía como presidente, en complicidad supuestamente con los padres de la víctima.

Según el expresidente, el Gobierno ordenó que se le restrinja el acceso a atención médica y hay un operativo militar en marcha para atraparlo, en coordinación con agencias estadounidenses. Ambas versiones fueron descartadas por el oficialismo.