Sandra Gutiérrez asegura tener audios de Lanchipa protegiendo a Evo

El curso que tomó el proceso por el presunto delito de trata y tráfico, que involucra a Evo Morales, generó una ola de repercusiones. El fiscal general, Juan Lanchipa, justificó el desplazamiento de Sandra Gutiérrez de la Fiscalía Departamental de Tarija por incumplir protocolos. Ella respondió asegurando poseer audios que demuestran que recibió la orden de no investigar al exmandatario.

La noche que confirmó haber sido apartada de la institución, la ahora exfiscal aseguró que su superior le dijo explícitamente que “ese caso no se toca” y dejó entrever que tenía pruebas para avalarlo.

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El jefe del Ministerio Público dio una corta declaración, manifestando que la investigación sigue en curso, pero que está a cargo de una nueva comisión especial. Además, avaló la postura de la juez Lilian Moreno de Santa Cruz, que anuló la orden de captura en virtud a la acción de libertad presentada por Morales por supuestas vulneraciones al procedimiento.

“Se dispuso la nulidad al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes, evidenciándose diferentes inconsistencias procesales. (…) Siendo éste y otros aspectos relacionados a su idoneidad para que se determine su alejamiento”, aseveró.

Lanchipa recibió críticas particularmente de los ministerios de Justicia y Gobierno. El presidente, Luis Arce, optó por pedir que el caso se declare en reserva, pero aseguró que si se demuestra el delito no habrá impunidad “sea quien sea” porque “a los niños no se toca”.

Al finalizar la jornada Gutiérrez decidió responder a Lanchipa, confirmando que cuenta con audios en los que se escucha su conversación con el Fiscal General, en la que él le dijo que “no tiene nada que hacer aquí” en referencia al proceso contra Evo Morales. Sin embargo, advirtió que esas grabaciones las hará públicas en el momento oportuno.

Los antecedentes indican que el 8 de febrero de 2016 nació una bebé producto de una supuesta relación de Morales con una adolescente, quien tenía 15 años al momento de quedar embarazada y 16 cuando dio a luz. La partida de nacimiento emitida el 31 de mayo en un registro civil de Yacuiba es la prueba principal. Esto fue con consentimiento de los padres de la menor, por eso se tipificó como trata y tráfico.

Para el equipo jurídico del exjefe de Estado se trata de un caso armado y anuncia una defensa férrea del líder del MAS.