Por feminicidios aumenta el número de niños huérfanos

Según datos del gerente regional de Aldeas Infantiles, Marcelo Vargas, se estima que en esta última década más de 1.000 niños quedaron huérfanos como consecuencia de los casos de feminicidio que se han registrado a nivel nacional.

Vargas señala que existe la necesidad de generar proyectos de ley en beneficio de estos menores, quienes requieren una atención y cuidado especial por haber quedado en situación de orfandad, sin que haya un familiar que pueda asumir el cuidado y tenencia.

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“Entonces, sí es necesario darle una garantía y visibilizar, porque como respuesta nosotros en alguna experiencia, hay algunos servicios que tenemos como Aldeas Infantiles, en lo que es la familia ampliada, nos ha permitido trabajar a nivel de Bolivia, y responder ante estas situaciones, pero no es suficiente, porque a partir del Estado debe haber programas que generen recursos de apoyo directo a las familias, darle condiciones de acompañamiento y darle una legalidad a estas circunstancias”, mencionó.

La autoridad enfatizó que la tarea más importante debe estar centrada en la prevención, para evitar casos de violencia y desintegración familiar.

De acuerdo con el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, en los últimos cinco años, 540 niños quedaron huérfanos porque sus madres fueron asesinadas.

En 2018 se reportaron 75 niños huérfanos a causa de feminicidios; en 2019 la cifra aumentó a 135; el 2020 disminuyó a 93. Sin embargo, en 2021 la cifra se incrementó a 106 y el 2022 llegó a 131 niños huérfanos.

Frente a este escenario, Vargas manifestó que hubo un intento por parte del Defensor del Pueblo de promover una ley que permita dar una respuesta, en tema de vivienda, recursos directos, legalidad, garantizando las condiciones básicas para los niños que quedaron huérfanos.

“Entendemos que esa ley todavía no ha sido aprobada y muchos de los sectores obviamente que se sienten afectados, están buscando esto, creo que lo más importante es sumar esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas, generar respuestas sostenibles, no solamente coercitivas”, apuntó.