Procesan a dos policías por supuesta golpiza a presos en Villa Montes

Dos funcionarios de la Policía Boliviana enfrentan desde esta semana una denuncia penal por presuntamente haber propinado golpizas a personas privadas de libertad, durante una requisa al interior de la Carceleta Pública de Villa Montes. Tras conocer el caso el Comando de Frontera inició también un proceso administrativo.

El coordinador regional de la Defensoría del Pueblo, Walter Portillo, explicó que esta instancia formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) luego de recibir los testimonios de los afectados, quienes manifestaron que el 12 de abril los dos uniformados cometieron las agresiones.

“La Defensoría del Pueblo es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y se ha hecho presente y ha hecho entrevistas a las víctimas. Manifestaron que hubiesen recibido golpes, maltratos por parte de dos funcionarios de la Carceleta. La Coordinación Regional ha presentado la denuncia penal ante la Policía con la finalidad de que se investiguen estos hechos”, aseveró.

En el marco de esa denuncia, explicó que la misma ahora está a cargo de los investigadores de la fuerza anticrimen y del Ministerio Público. Al momento la Fiscalía ya ha emitido una serie de requerimientos, entre los que se encuentra el examen forense, el médico evaluó este jueves a los denunciantes para elaborar su informe.

Portillo agregó que las autoridades de la Policía también abrieron un proceso disciplinario, en caso de verificarse las faltas podrían recibir castigos administrativos.

“El Comando de Frontera ha remitido a los dos funcionarios acusados de tortura a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), con la finalidad de que se aplique la Ley 101 de la Policía Boliviana. Es importante que la investigación sea transparente y oportuna para establecer las sanciones que correspondan en caso de comprobarse los hechos”, afirmó.

El delegado concluyó mencionando que este tipo de hechos atentan contra los derechos humanos, van contra la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales, por lo que comprometió un seguimiento a la investigación.