Se investiga un presunto incumplimiento de deberes
Caso Karting: Fijan para febrero el juicio contra Montes
El proyecto costó alrededor de 5,8 millones de bolivianos, inició durante la última gestión edil de Montes, quien señaló que debería haberse concluido en el mandato de Paz
Luego de que el Ministerio Público formalizara la acusación en contra del actual gobernador, Oscar Montes Barzón, por el denominado caso karting, el Juzgado Anticorrupción Primero de la Capital fijó para el 8 de febrero el inicio del juicio oral en el que se evaluará presuntas irregularidades en la ejecución y pago de 5,8 millones de bolivianos para la obra en los predios ubicados en la avenida Integración.
La información fue confirmada por la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, quien aseveró que dicha audiencia está programada para esa fecha a horas 8:00.
La denuncia fue presentada en febrero del año pasado por el diputado Edwin Rosas, desde entonces se abrió la investigación por los delitos tipificados como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias.
El proyecto “Construcción, complejo polideportivo para unidades educativas (Bicicross, motocross, ciclismo y karting)” tuvo una inversión de alrededor de 5,8 millones de bolivianos, adjudicado y ejecutado en la última gestión edil de Montes.
El actual ejecutivo departamental previamente calificó la apertura de la causa como una “negligencia” por parte del Ministerio Público, bajo el argumento de que en su mandato se llevó adelante una primera fase y era responsabilidad de su sucesor, Rodrigo Paz Pereira, encaminar la conclusión de la obra para ser puesta en funcionamiento.
Tras la denuncia presentada en febrero y la investigación preliminar, la Fiscalía formalizó la imputación. En la audiencia de medidas cautelares instalada a mediados de julio del 2021, el ahora Gobernador accedió a libertad irrestricta, su defensa argumentó la inexistencia de un riesgo de fuga u obstaculización.
Desde la representación del Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que se constituyó en parte coadyuvante, se planteó que existe un delito en el que la víctima es el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) por el desembolso de los pagos para una obra que inicialmente fue diseñada para impulsar el deporte y favorecer a los estudiantes, pero que en los predios no existe la infraestructura propuesta.