El proyecto de ley nacional duerme desde 2019
Denuncian que el Estado no asiste a huérfanos por feminicidio
Al no haber una normativa nacional que regule la obligación estatal de garantizar los derechos de esta población, se impulsaron leyes municipales que ya suman 21, pero que no tienen reglamento.



Bolivia, uno de los países con la tasa de violencia más alta de la región, tiene además de una deuda en cuanto a la persecución y prevención de estos delitos, otra con las víctimas colaterales de las muertes de estas mujeres, que son los hijos que quedan en la orfandad y se convierten en una responsabilidad para las familias que reciben poco o nada de apoyo estatal.
A nivel nacional y desde hace varios años, los parientes que asumen la custodia de niños y niñas cuyas madres fueron asesinadas demandan una normativa nacional que permita asistir a estas víctimas en específico. Aunque la Ley 348 establece la responsabilidad del Estado en cuanto a la protección de esta población, no hay normativa nacional vigente como reglamento de esta obligación. El 2019 la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto que hasta ahora no fue aprobado, dando prioridad a otros temas en agenda.
Atención Este año cinco niños perdieron a su madre en casos de feminicidio y son resguardados por familiares cercanos
Mediante activismos se obtuvo algunas normas municipales. El país está compuesto por un total de 342 municipios, hasta la fecha solamente 21 de ellos cuenta con normativas ediles en favor de este grupo vulnerable, aunque aún sin reglamento. En Tarija los que tienen leyes de este tipo son Uriondo, el primero a nivel nacional en 2020, y Entre Ríos.
El proyecto de ley de “Medidas de Asistencia Estatal Integral a Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio" fue presentado en julio de 2019. La propuesta incluía el pago de un bono equivalente al 20 por ciento de un salario básico, descuento en las tarifas de servicios básicos y transporte, becas que garanticen su derecho a la educación, además de la inamovilidad laboral para quienes estén a su cargo.
Aunque nada revierte las muertes, esta normativa significaba aminorar los costos y las dificultades por las que atraviesan los nuevos responsables de estos menores, además de la peregrinación por justicia que puede ser de años y cuantiosos gastos legales.
“Puras promesas, hablar con comisiones, convocatorias para hablar con la prensa, pero nada. Las promesas vinieron de diputados del MAS y de la oposición, una vergüenza. Es una pena, tantos niños desprotegidos”, aseveró Daiana Tapia, que pertenece a la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio y que es quien asumió como suyo el cuidado del hijo de su hermana Daniela, cuya muerte suscitada en 2017 en La Paz se encuentra aún impune.
Leyes municipales
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el momento se promulgaron leyes municipales en San Borja, Magdalena y Guayaramerín de Beni, Uriondo y Entre Ríos de Tarija, Taraco de La Paz, Monteagudo, Culpina y Yamparáez de Chuquisaca, Puerto Rico de Pando, Cotoca de Santa Cruz y hace unos días se sumó Quillacollo de Cochabamba. En todos ellos se aprobó la entrega de un bono y otros beneficios.
Por otra parte, en Tomina, Villa Serrano, San Lucas, Villa Vaca Guzmán y Camargo de Chuquisaca, Vitichi en Potosí y en Pucarani, Quiabaya y Tiahuanacu de La Paz entraron en vigencia leyes que no contemplan bonos, pero sí otros beneficios, como un subsidio alimentario.
Según el reporte defensorial, también se está impulsando normativas similares en otros municipios. Sin embargo, las leyes promulgadas todavía no cuentan con una reglamentación que permita su ejecución efectiva.
Las víctimas ocultas
El dato del Observatorio de Género contabilizó hasta el 27 de mayo 63 hijos de las 40 mujeres que murieron a causa de feminicidio entre enero y esa fecha del 2022. Hasta ahora las muertes suman 80, pero no se cuenta con el dato actualizado de las que eran madres y cuántos hijos tenían.
Los niños víctimas crecen en Tarija
En Tarija en esta gestión se registraron seis feminicidios y tres de estas mujeres eran madres. Se trata de Angélica Ibarra de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado en Lapachal Bajo, Yacuiba, el 25 de agosto, ella tenía dos menores de edad.
El 27 del mismo mes en Villa Montes la pareja de Norma Tárraga la apuñaló y la dejó en el piso, donde la vio su hija adolescente.
En Cercado el 17 de septiembre Ilsen M.V. de 19 murió tras recibir una golpiza durante horas, ella era madre de dos menores.
Suman cinco niños y niñas que ahora están con familiares de las víctimas, como en el último caso que fueron las abuelas que asumieron el compromiso.