Alertan favorecimiento de la Justicia a policías y militares involucrados en hechos de violación

Una población alterada y constantemente movilizada es lo que generó una reciente cadena de denuncias o causas abiertas por hechos de violación en los que están involucrados funcionarios de la Policía Boliviana o las Fuerzas Armadas (FF.AA.), pero que son favorecidos con impunidad, en procesos en los que en ocasiones son liberados o las causas se paralizan por años.

La Red Departamental de Lucha contra la Violencia alertó sobre esta situación, advirtiendo que estos casos con frecuencia son violaciones grupales y se presentan en municipios fronterizos o áreas rurales. El pronunciamiento repudia que estas agresiones sean ejercidas por funcionarios a cargo de la seguridad de población y se exige celeridad al sistema judicial en la persecución de estos delitos.

Caso Escuela de Cóndores

Recientemente conmocionó a la población del Chaco y el resto del departamento conocer un caso de violación registrado en 2008 en el que la víctima de 12 años fue agredida por cuatro militares que cumplían funciones en la Escuela de Cóndores.

En ese entonces la menor vivía con su abuela en un residencial donde se hospedó uno de ellos y aprovechó para fingir que quería entablar una amistad con ella. Tras varias visitas, procedió a vejarla junto a los otros implicados.

Durante más de diez años el caso no presentó avances, los sujetos incluso ascendieron de rango de teniente a capitán, obviamente mejorando su remuneración. No fue hasta el 20 de abril de este año que se emitió la sentencia en contra de uno de ellos y la captura de otros dos y el último fue declarado en rebeldía, uno de ellos intentó incluso darse a la fuga.

Este último sujeto identificado como J.M.N. debía ser enjuiciado el 1 de junio, pero su defensa presentó un recurso de nulidad, que aún no se resuelve.

Caso Pisagua

Una joven de 18 años en Villa Montes denunció haber sido víctima de una violación grupal a mediados de mayo, los agresores serían cuatro soldados del Regimiento Pisagua en Villa Montes.

Al iniciarse el proceso, se determinó la detención preventiva de tres de ellos identificados como Rodrigo L. C. de 20 años de edad, Efraín M. de 18 años y Jhonny G. G. de 19, pero el cuarto fue liberado por falta de pruebas en su contra.

Libertad a pesar de sentencia

Otro de los casos que involucra a un funcionario público es el de una violación por parte de un policía que ya fue sentenciado a 22 años y seis meses de cárcel por haber agredido a su hijastra, pero el sindicado aún goza de detención domiciliaria.

En el juicio se demostró que el sujeto vejó a la menor en más de una ocasión a partir del 2005 cuando la niña tenía apenas 9 años.

Tuvieron que pasar más de 15 años para que la víctima pudiera formalizar la denuncia, al hacerlo la defensa del sindicado argumentó que él padece un cuadro grave de diabetes, por lo que se benefició de detención domiciliaria, de la que aún goza mientras se resuelve la apelación que presentó a la condena emitida en su contra.

Caso Remberto Huayllani

En Bermejo tuvo que pasar más de un año de investigación y un juicio de más de un mes con reiteradas suspensiones para que el 19 de abril se pudiera obtener una sentencia de 30 años en contra del militar Alexander Remberto Huayllani Mamani por la violación en contra de su hijastra menor de edad.

También fue condenada a 15 años la madre de la menor y concubina del sujeto, Claudia Lorena Farfán Alfaro, que se demostró que fue cómplice activa del caso obligando a la menor a tomar anticonceptivas y ver material pornográfico.

El caso generó repudio en la población de ese municipio porque se reveló favorecimientos al sindicado al que durante un periodo se le suspendió la detención preventiva y volvió a las celdas a fuerza de movilizaciones ciudadanas.

A raíz de denuncias de activistas que hicieron seguimiento al proceso, se reveló la existencia de un consorcio que involucraría a jueces, abogados y ex funcionarios del Ministerio Público.

La indignación de la población traducida en protestas

Durante las primeras semanas de junio se produjeron múltiples marchas ciudadanas, particularmente en el Chaco, exigiendo justicia para las víctimas de violación.

El pronunciamiento de la Red contra la Violencia demanda “Justicia, transparencia, no encubrimiento a los violadores y protección para las víctimas”, además de que se establezcan mecanismos para evitar amedrentamiento por parte de los agresores y su entorno a las familias de las denunciantes.