Violencia de género
Autoridades e instituciones “desconocen” la Ley 348
Todas las instituciones involucradas, de acuerdo a esta norma, tienen la obligación de acompañar los procesos, promover las denuncias y garantizar medidas de protección a la víctima.
Tarija es el departamento que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a cantidad de denuncias de violencia contra la mujer, situación que se ve agravada cuando las autoridades e instituciones a cargo de velar por su protección incumplen su tarea de persecución y sanción de estos delitos, incluso desobedeciendo lo que indica la normativa legal vigente.
El último de estos hechos que se suscitó en la capital tarijeña se refiere a las declaraciones de la secretaría municipal de la Mujer y Familia, Myriam Gallardo, quien al hablar de un caso de tentativa de feminicidio dijo que esta unidad no podía hacer nada, ya que la víctima se rehusó a formalizar la denuncia.
“Muy extrañados nosotros, la señora no quiere poner la denuncia. El equipo multidisciplinario de la Secretaría se presentó, pero ella no quiere poner ningún tipo de denuncia”.
El hecho ocurrió en el barrio Los Olivos, cuando el sujeto intentó estrangular a su pareja. Sin embargo, Gallardo negó que se pueda promover una investigación de oficio al decir que lo único que puede hacer el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) es dar apoyo emocional. “Eso es todo lo que podemos hacer”.
Estas declaraciones no condicen con lo establecido en la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo del 2013 y con reglamento vigente desde octubre de 2014. La normativa dice que cualquier persona que conozca un caso de violencia puede denunciar y las instituciones deben actuar de oficio.
El artículo 42 indica que “Todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado por la víctima o cualquier otra persona que conozca de un delito, ante las siguientes instancias: 1. Policía Boliviana. 2. Ministerio Público. II. A fin de promover la denuncia, se podrá acudir a las siguientes instituciones: 1. Servicios Legales Integrales Municipales”.
Incumplimiento de deberes
La asesora legal del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), Gabriela Moscoso, también se refirió a este tema indicando que en el artículo 50 también se refiere a las atribuciones de los SLIMS, que establece que esta instancia tiene el deber de orientar a la víctima.
“Le tienen que explicar a la víctima cuáles son los procedimientos, decir si puede recibir medidas de protección, no conformarse con que la víctima diga que no va a denunciar, explicarle sus derechos y darle el patrocinio”, explicó, a tiempo de aclarar que lo más probable es que una mujer opta por no denunciar porque se siente amenazada.
Otro de los casos emblemáticos que se registró hace poco tiempo es el de la joven Adriana Aguilar, quien el 21 de febrero tuvo que acudir a su cuenta de Facebook para denunciar a su ex pareja, Carlos Montellano, por una golpiza. Además, denunció públicamente que en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) se rehusaron a tomar su denuncia, dejándola en indefensión.
También recibió muchas críticas el ex comandante de frontera policial de Bermejo, coronel Aníbal Rivas, en septiembre de 2020 mientras daba el informe sobre un caso de violación y dijo que “La víctima tiene dientes, ¿por qué no mordió a su agresor, por qué no lo arañó?”, dijo poniendo en tela de juicio su testimonio.
Para la abogada Gabriela Moscoso estas son algunas de las situaciones que amedrentan y evitan que las mujeres se determinen a llevar adelante un proceso penal contra los agresores.
“Lamentablemente la víctima tiene que peregrinar por justicia, salir de su casa, cuidarse del agresor, cambiar del todo su vida, mientras el agresor no”, citó como ejemplo de recientes casos de mujeres que abandonaron los procesos por la retardación judicial.
De la reincidencia al feminicidio
Tarija llegó a ser en 2017 y 2018 el departamento con mayor incidencia de feminicidios en el país. Aproximadamente la mitad contaban con antecedentes de violencia que, sin embargo, no fueron tratados adecuadamente.
En ese sentido, las organizaciones de mujeres piden a las autoridades que no minimicen el impacto ni lleven la discusión hacia el terreno ideológico más cómodo de la “violencia intrafamiliar”, sino que se pongan los medios adecuados para que las mujeres víctimas de violencia puedan garantizar su vida libre de violencia.
Acuerdo involucra a instituciones
El ECAM y el CERDET llevaron adelante una mesa de trabajo con todos los SLIMs, Ministerio Público, FELCV y Tribunal Departamental de Justicia para tratar las falencias institucionales en la recepción de denuncia, que al momento presenta obstáculos como mala atención, falta de ambientes o materiales e incumplimiento de protocolos. La evaluación de los acuerdos será el 8 de julio.
Se acordó la recepción de denuncias en cualquier estación policial, pues antes se exigía a la víctima ir a la de su zona; además que los funcionarios tienen obligación de tomar la denuncia aunque esté por concluir su turno, que era un pretexto para hacer volver a las mujeres; el SLIM se comprometió a brindar su equipo multidisciplinario, pues la FELCV no cuenta con psicóloga que atienda su situación de estrés.