Advierten que Ley de sanciones para operadores de justicia no frenará la violencia

Esta semana el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 179/2021-2022, que establece modificar el Código Penal boliviano endureciendo las sanciones en contra de administradores de justicia que favorezcan a autores delitos de violación o feminicidio; sin embargo, surgen cuestionamientos en virtud a que esto no se constituya en la solución a la problemática de la violencia de género, si no se aborda estructuralmente.

El proyecto que ya fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores establece cambios al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión.

El diputado Juan José Jauregui, titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, y proyectista de la norma aseguró que la iniciativa surgió como una respuesta a las falencias del Órgano Judicial, como las que quedaron expuestas con el caso del feminicida y violador Richard Choque y la actuación de jueces como Rafael Alcón, que “arbitrariamente” lo favorecieron.

Como integrante de la Red Departamental contra la Violencia a la Mujer, Mariel Paz, explicó que las modificaciones al marco legal pueden tener el objetivo de frenar la corrupción judicial para evitar favorecimiento a feminicidas y violadores, pero las leyes no son una solución integral.

“Las soluciones son integrales para ser efectivas, nunca solo parciales. Si la mirada es solo incrementar las penas y pensar que con eso se va a frenar la corrupción es un error”, dijo.

En cuanto al Código Penal establece modificar el artículo 173 ampliando la condena por prevaricato, que ahora es de cinco a 10 años, hasta 20 años de cárcel.

El delito de consorcio contemplado en el artículo 174 y sancionado con cinco a diez años, que ahora incluye a jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares, pretende aplicar también a magistrados, vocales, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales.

Código de Procedimiento Penal

El proyecto de ley establece modificaciones al artículo 231, para que los imputados por feminicidio, infanticidio y violación, no puedan gozar de otras medidas cautelares que no sea la detención preventiva. Mientras que se pretende modificar el artículo 239 para que cuando un sindicado presente enfermedad grave o terminal, la misma sea acreditada por el Instituto de Investigación Forense (IDIF).

Código de Ejecución Penal y Supervisión. El proyecto modifica el artículo 174, indicando que la libertad condicional no procederá en delitos de violación, infanticidio y feminicidio.

Cuestionamientos a la aplicabilidad

Mariel Paz agregó que antes de realizar cambios al sistema penal, se tiene que tomar en cuenta lo arraigado de las prácticas de burocracia y burla de las leyes por parte de operadores de justicia. Además, que podría generarse un efecto contraproducente al amedrentar a jueces y fiscales, sin que esto signifique una garantía de justicia.

“Se pierde de vista a la hora de modificar normas y hacer reformas legales que hay una burocracia que tiene una tradición desde siempre, de usar las leyes arbitrariamente para fines que no siempre condicen con la justicia. El riesgo es que puede tener efecto de amedrentar, infundir temor en los operadores de justicia para que sean rigurosos en la aplicación de leyes. No por el hecho de que haya penas altas significa que hay justicia (…) Es mucho más profundo, pasa que hay una degradación muy fuerte de la ética para administrar justicia”, aseveró.

Fallas en los operadores de la justicia en Bolivia

El Consejo de la Magistratura dispuso la pasada semana la intervención de los 21 juzgados disciplinarios a nivel nacional, al evidenciarse retardación en las investigaciones a operadores de justicia.

Particularmente entre 2018 y 2022 en Santa Cruz y Tarija no hubo ningún funcionario destituido, lo que no significa que no haya habido falencias en el actuar del personal.

Mariel Paz reveló que desde el movimiento de mujeres se denunció en reiteradas oportunidades malas prácticas de fiscales y jueces, por conducto regular en la Fiscalía o Magistratura. Sin embargo, no se abren las investigaciones oportunamente y los mecanismos no funcionan.