Caso Omaira
Familia de Omaira denuncia que su hijo está siendo revictimizado
La madre de la joven tramitó su adopción para que pudiera iniciar bajo su tutela una nueva vida, sin embargo, las autoridades jurisdiccionales le cambiaron el apellido, por lo que ahora no puede acceder a sus documentos
A casi nueve años del feminicidio de la joven Omaira Vidaurre Sotar ocurrido en diciembre del 2012, su familia sigue luchando para obtener justicia y también sigue sufriendo revictimización, en particular el hijo de la víctima, a quien su abuela materna adoptó, pero se le cambiaron los apellidos en la tramitación, por lo que ahora no puede acceder a sus documentos para poder viajar a Estados Unidos con su nueva tutora legal.
El padre de Omaira, Guido Vidaurre, relató que en agosto la juez Julia M.C.M. fue quien dictó la sentencia a favor de su ex esposa y madre de la joven, para que ella pudiera figurar como su madre y tener así la custodia completa del menor, quien ya tiene 13 años. El objetivo era que se pueda tramitar su viaje a Estados Unidos, donde ella radica, para que él pudiera iniciar una nueva vida.
“En esa audiencia, al parecer por apuro, la juez hace que le coloquen apellidos convencionales a mi nieto. Yo estaba de viaje y cuando llegué me causó mucha rabia. Yo no entiendo cómo es posible que una juez haga esto, cuando la Ley dice que el cambio de apellido se da cuando el menor no tiene una relación de parentesco, pero mi nieto tiene una abuela, tiene un abuelo”, lamentó.
Posteriormente, Vidaurre presentó una apelación, con la que logró que se revierta la sentencia de la juez y señaló que esto habría ocasionado molestia por parte de la autoridad, pues luego solicitó la fotocopia legalizada de los documentos del adolescente para tramitar su viaje y hasta la fecha le son negados.
El argumento sería que por tratarse de un menor de edad cuya muerte de su madre continúa en proceso, su identidad debe ser mantenida en reserva. Hecho que el padre de Omaira cuestionó porque él también figura como denunciante en la investigación y tiene relación con el menor.
“La juez por rabia de que le revocan la sentencia no se estrella conmigo, sino con mi nieto que necesita los documentos (…) No me quiere entregar (las fotocopias) aduciendo que es un tema de reserva, pero en este caso mi niño tiene 13 y conoce el caso, yo mismo soy parte del proceso. Entonces no hay excusa para que pueda negarme”, cuestionó.
Reconstrucción La familia de Omaira quiere que el hijo inicie una nueva vida en EEUU, pero la burocracia se lo impide
El abuelo del menor señaló que el lunes presentó un nuevo recurso, por lo que derivaron su caso a una sala civil para que defina su resolución, con lo que el caso se retrasa aún más.
Además, señaló que cuando indagó sobre el desempeño de la juez mencionada, habría descubierto que previamente ya tuvo más de una suspensión, la última en septiembre durante un mes sin goce de haberes como sanción por faltas disciplinarias.
Pero más allá de esto, lamentó que además de todo el daño emocional que ya le causó al menor la pérdida de su madre, que su padre esté detenido en Morros Blancos y que su familia paterna no haya establecido nunca una relación con él, ahora debe enfrentar una nueva revictimización por parte del sistema judicial.
“Es una revictimización porque la verdad es que nadie tiene la vida comprada. Cualquier rato uno puede tener un problema, como de salud con esto del Covid, y yo no puedo llevar a mi nieto a ningún lado por no tener su documentación. Yo lo único que pido es que hagan su trabajo”, agregó.
Antecedentes de un caso enturbiado
La muerte ocurrió el 12 de diciembre de 2012, cuando en una discusión Omaira recibió un corte en la muñeca. Aunque llegó la Policía e intentaron socorrerla, la gravedad de la lesión hizo que se desangrara y perdiera la vida.
Desde ese día, la familia de la joven inició una peregrinación buscando justicia, enfrentando múltiples irregularidades en el proceso en favor del acusado, Marcelo Valencia Ugarte, llegando a pasar por al menos tres fiscales.
A pesar de que hubo una sentencia, el sindicado optó por múltiples recursos, llegando el caso incluso al Tribunal Constitucional y hasta la fecha no se cuenta con una resolución conclusiva.