Es la segunda imputación en contra de la expresidente del TED
Fiscalía imputa a Nataly Vargas por prolongación de mandato en el TED Tarija
El documento señala que la ex autoridad habría incurrido en este delito al haber pretendido continuar en el cargo, incluso tras la designación de Gustavo Ávila como vocal presidencial designado



El Ministerio Público emitió una nueva imputación formal en contra de la ex presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Nataly Vargas Gamboa, ahora por la presunta comisión del delito de anticipación o prolongación de funciones por no haberse apartado del cargo tras la derogación de su nombramiento y la designación de Gustavo Ávila Mercado como vocal.
El caso se encuentra a cargo del fiscal de materia Gabriel Alarcón, que en su argumentación indica que la investigación “arroja suficientes elementos de convicción como para sostener que la encausada Nataly Viviana Vargas Gamboa se hubiese prolongado en sus funciones como presidenta del TED, después de habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el desempeño de su cargo”.
El hecho se refiere a que el Decreto Presidencial 4532 de 21 de junio designaba al ciudadano Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del TED, derogando el decreto previo emitido por la ex presidenta Jeanine Áñez con el cual la nombraba a ella.
La imputación refiere que el 2 de julio con la nueva conformación de la Sala Plena del TED se nombró a Ivone del Rosario Martínez como la nueva presidenta de la entidad.
Sin embargo, posterior a este hecho Vargas habría incurrido en el delito de prolongación de funciones cuando el 5 de julio firmó y selló como presidenta del TED en documentos de la institución, además que habría dado entrevistas a medios de comunicación asegurando que permanecía en el cargo.
El Código de Procedimiento Penal define que incurre en el delito de prolongación “El que ejerciera funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por ley”, además de establecer que, en caso de haber responsabilidad, la sanción consiste en la prestación de trabajo de dos a seis meses.
El País intentó contactar a la imputada para acceder a una entrevista, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.
Esta es la segunda imputación formal en contra de Vargas, la primera se emitió la pasada semana por el presunto delito de incumplimiento de deberes, con relación a supuestas irregularidades y sobreprecio en el proceso de compra de insumos de bioseguridad para las elecciones generales de 2020.