Fiscalía imputa a Nataly Vargas por denuncia de corrupción

Tras cumplirse la primera etapa de investigación, el Ministerio Público resolvió imputar formalmente a la ex presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Nataly Vargas Gamboa, por la comisión de los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; esto por supuestas irregularidades en compra de materiales de bioseguridad la gestión 2020.

La denuncia fue formalizada por la actual presidenta del TED, Ivone Martínez, y los vocales Marco Aguirre y Óscar Gutiérrez. El hecho que se investiga en concreto es la contratación de la empresa DALUR que habría provisto a la entidad de material de bioseguridad con sobreprecio y la contratación irregular del servicio de fumigación.

Por lo que la imputación incluye al representante legal de la empresa de fumigación, Daniel A. y la ex responsable de contrataciones de la entidad, Judith M.

Esta imputación describe que en septiembre de 2020 DALUR entregó al TED un lote de 5.625 barbijos KN95 por un costo total de Bs. 49.500, a pesar de que otra empresa hizo una oferta para entregar el mismo material a un precio de Bs. 27.000, con lo que se generaría un daño económico de Bs. 22.000.

Entre las observaciones también figura que el documento de la cotización no presenta la fecha exacta, pues dificulta establecer los precios referenciales, que fueron bajando paulatinamente.

En otro de los párrafos se establece que DALUR habría incumplido con la normativa vigente, pues en la presentación de sus documentos se puede evidenciar que su NIT establece que la actividad primaria de la empresa es la construcción, no la provisión de estos insumos.

Además, se tiene que el propietario de esta empresa es hermano del propietario de ILUCON, que constantemente se adjudica la compra de diferentes insumos para el TED, por lo que se presume una especie de direccionamiento.

En cuanto a la fumigación, se habría establecido que dos postulantes presuntamente presentaron carpetas “armadas”, y que se presentaron documentos de autorización del Senasag con un número de registro que pertenece a otra persona. A pesar de esta situación, se le habría desembolsado el total de los hechos.

Ahora dependerá de la programación del Juzgado Primero Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer para la programación de una audiencia cautelar en contra de los tres ciudadanos.