Remiten a Morros Blancos al dueño de condominio Da Vinci en Tarija

Luego de una audiencia de cerca de cuatro horas, el domingo se dictó detención preventiva para el propietario del condominio Da Vinci, Gonzalo Zeballos en el penal de Morros Blancos y detención domiciliaria con escolta policial para su esposa (A.P), ambos investigados por el delito de estafa agravada con la venta de inmuebles hipotecados o por ser rematados.

La audiencia se instaló en el Juzgado Cautelar Cuarto de la Capital de manera virtual, los imputados participaron junto a su abogado desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde estaban aprehendidos desde el viernes por la tarde.

Mientras tanto, afuera se instaló una vigilia por parte de un grupo de víctimas que exigían justicia pidiendo que se encarcele a Zeballos y que se investigue para que puedan recuperar el dinero que invirtieron.

Por el momento, la autoridad jurisdiccional dispuso una detención de tres meses, dando ese plazo para que el Ministerio Público lleve adelante la investigación, aunque podría ampliarse dependiendo de la complejidad del caso.

Antecedentes

El jueves un grupo de cinco personas formalizó una querella penal en contra de Zeballos, bajo el argumento de que los habría estafado con la venta de inmuebles por montos desde 120 mil dólares o más. A pesar de haber pagado la totalidad de estos montos desde hace varias gestiones, nunca recibieron los títulos de propiedad, es así que solicitaron información en Derechos Reales, donde descubrieron que los bienes tenían gravámenes, hipotecas o con orden de remate.

Posteriormente, el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público y la fiscal asignada a la causa, Abigail Padilla, emitió la orden de aprehensión en contra de la pareja, por una parte y por otra, el allanamiento de su domicilio en el barrio San Gerónimo, además de otros inmuebles para recolectar de documentos para la investigación, se espera descubrir si habría más involucrados.

Además de estas cinco personas que iniciaron el proceso, se cree que en realidad las víctimas podrían ser más de 40. Entre ellos estarían quienes compraron bienes, pero también otros que habrían prestado dinero a la empresa y trabajadores a los que se les adeuda el pago por sus servicios. En total el daño económico podría ser de casi 2 millones de dólares.