Patricia Romero se inculpa y aleja a su familia de la estafa

El controversial caso denominado “estafa millonaria” perpetrado por Patricia Romero Pacello, hermana de la Defensora del Pueblo en Tarija, ha dado un giro inesperado en las últimas horas, tras conocerse una declaración testifical de la imputada en la que reconoce su responsabilidad, pero además, intenta liberar del caso a su familia.

El País accedió a una última declaración de Patricia Romero, realizada desde el penal de Morros Blancos, en la que sobre todo intenta liberar de responsabilidad a su familia, especialmente a su hermana Carola Romero, delegada de la Defensoría del Pueblo.

En su declaración admite que la mencionaba en sus conversaciones con las víctimas, para convencerlas de hacer las inversiones.

“Evidentemente existen audios y mensajes en los que se argumenta que el uso del dinero era para el armado de canastas, siendo esto una mentira para que las víctimas hagan sus depósitos. De estos mensajes y audios no tenía conocimiento mi hermana, ni mi familia”, dice la declaración firmada por Patricia.

Sin embargo, en la misma declaración, Patricia dice algo que dejará a muchos con varias interrogantes, puesto que asegura que ya no cuenta con nada del dinero que las personas le habrían dado. Extraña esto, puesto que según las estimaciones realizadas por la Fiscalía, las más de 250 víctimas le habrían dado a la imputada la suma de más o menos 3,5 millones de dólares.

“Al momento no cuento con nada de dinero, ya que todo lo recibido fue distribuido en el pago de intereses o comisiones (…) con este problema hasta mi misma familia se está viendo perjudicada, ya que ellos igual me realizaron préstamos y firmas de documentos como garantes, sin ellos saber nada de lo que yo hacía”, aclaró.

Sigler detenido

Tras una audiencia cautelar de más de dos horas y media realizada ayer, la justicia determinó dar detención domiciliaria para José Sigler Chávez, imputado por ser cómplice en el caso de “estafa millonaria”, en el que la principal implicada es su esposa.

La audiencia se instaló en el Juzgado Cautelar Segundo de la Capital de manera virtual. Entre las otras medidas cautelares se estableció que cumpla su detención con un custodio policial, arraigo nacional, el congelamiento de sus cuentas y la prohibición de comunicarse con su esposa directamente, a través de terceros o por medios tecnológicos.

“También vamos a pedir apoyo a la ASFI y las entidades financieras para saber si en las cuentas existen montos considerables que estuvieran a disposición, como una forma de reparar los daños”, dijo el abogado de un grupo de víctimas, Limber Martínez Maldonado.

¿Padres implicados?

En la audiencia de este jueves se revelaron más detalles de este caso que conmocionó a Tarija. Algo de esto fue conocido en la declaración de la niñera de las hijas de Patricia y José. Allí la testigo habría asegurado que los padres de la imputada tendrían conocimiento sobre los ilícitos.

“Ella ha referido que los padres la asesoraban con el conteo del dinero, pero no hay nada oficial como una imputación en contra de ellos”, agregó Martínez.

A partir de la fecha, el Ministerio Público cuenta con seis meses para realizar la investigación. En caso de no haber más imputados, en ese plazo deberá presentar una resolución en la que se definirá una posible acusación para ir a juicio.