Encarcelan a un asambleísta acusado de violencia política

El asambleísta departamental de Chuquisaca, Eusebio Cordero, de la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST), fue enviado a la carceleta de Padilla con detención preventiva, imputado por el delito de violencia política contra mujeres, sin embargo, su defesa asegura que es inocente y que es víctima de una persecución política.

El caso surgió después de que la asambleísta del MAS, Sandra Siñani, recibió en su celular mensajes soeces y fotos pornográficas aparentemente de Cordero. La oficialista presentó una denuncia con el opositor alegando que él la había amenazado para que no lo ponga en evidencia.

Cordero fue aprehendido por los delitos de pornografía, amenazas y acoso político. No obstante, la Fiscalía cambió de tipo penal en la imputación y sólo lo acusó de violencia política, según Adrián Zárate, abogado del asambleísta.

Con esa imputación, Cordero fue llevado a audiencia de medidas cautelares que se desarrolló el miércoles ante la juez Audalis Serrano en Sucre. La autoridad judicial dispuso detención preventiva para el asambleísta en la carceleta de Padilla, dado que su defensa había pedido evitar la cárcel de San Roque, porque existen presos que podrían tener rencillas con el opositor, por sus denuncias. El abogado Zárate dijo que la Fiscalía ha dejado a Cordero en la indefensión. Como ejemplo, relató que se lo denunció por amenazas, luego se lo aprehendió por tres delitos, para después cambiarle el tipo penal a violencia política en la imputación y notificarle pocas horas antes de la audiencia, coartándole la posibilidad de desarrollar una defensa.

Aseguró que no hay pruebas contra su defendido, porque no existen pericias que acrediten la veracidad de las fotos y, además, el examen realizado a la asambleísta del MAS sostiene que hubo un daño psicológico. El jurista señaló que la jueza, para enviar a Cordero a la cárcel, argumentó que no puede estar libre porque es un peligro para la denunciante dado que trabajan en el mismo lugar, pero además podría incluir en testigos. Cuestionó el criterio de la autoridad judicial, porque no consideró que la denunciante también por su cargo podría influenciar en los testimonios.
Informó que ya ha presentado la apelación para lograr la libertad del asambleísta.