Un problema constante
Matilde, la cara del abandono a los adultos mayores en Bolivia
Organizaciones defensoras de adultos mayores sostienen que muchos ancianos y ancianas son considerados una “carga” por sus familias; además ven que las leyes en el país son buenas, pero no se cumplen.
El abandono de los adultos mayores en el país es una constante y un problema de larga data. Tanto en Tarija como en el resto del país los casos se cuentan a diario, y se hacen aún más complicados cuando aún los hijos dependen de estas personas.
Matilde V. H. cumplirá 78 años en octubre de este año, con sus dificultades propias de la edad cuida a su hija de 53 años que padece de una discapacidad. Sus condiciones de vida son prácticamente de sobrevivencia como la de muchos de los 1.100.000 adultos mayores registrados en el país.
Ambas residen en la localidad Layuri del municipio de Achocalla a 17 kilómetros del puente de la Ceja de la ciudad de El Alto en el trayecto de la carretera a Oruro. Viven en un cuarto que vecinos solidarios le acogieron, aunque no saben por cuánto tiempo.
El pequeño cuarto tiene piso de tierra, el techo es de calamina y cuando llueve el ruido es insoportable, pero eso es lo de menos, lo importante es que tienen un techo para pasar las frías noches de La Paz.
Sus condiciones de vida son paupérrimas. Unos ladrillos y unas maderas sostienen un colchón donde madre e hija duermen, para aislar el frío colocaron unos cartones en la pared y en el suelo unos cueros de oveja. En la misma habitación tienen una pequeña cocina, algunas ollas y una garrafa para preparar sus alimentos.
El presidente de la Asociación de Adulto Mayores del Distrito 9 de Achocalla, Emiliano Tito, comenta que la “buena fe” de los vecinos ha permitido que Matilde y su hija habiten en el pequeño cuarto, ya que atravesaban por una situación crítica.
En el lugar también vive la familia de Leydi Rocabado quien muchas veces le ayuda en lo que puede, por ejemplo, le comparte algo de comida o alguna fruta, porque “La abuelita no conoce ni carne, a veces está a base de verduritas”, contó.
Matilde hace un año trabajó en una empresa, ganaba menos que el salario mínimo, pero le ayudaba a mantenerse y costear sus gastos, perdió su fuente laboral porque su hija en muchas ocasiones sufrió ataques.
Contó que su hija nació sana, incluso cuando era joven le ayudaba en su venta de medicina natural, ocupación a la que se dedicó gran parte de su vida. Pero de pronto se enfermó y se convirtió en una “carga más”, porque tenía que cuidar de ella para que no se haga daño. Nunca supo con certeza el origen de su enfermedad. “De repente loca se ha vuelto, era insoportable”, lamenta la mujer.
Actualmente no tiene ingresos económicos fijos y su único sustento es la Renta Dignidad de Bs. 350 que cobra cada mes. Matilde no goza de una jubilación, por esa razón recibe ese monto mensual. El año pasado estaba previsto que al menos 870.000 personas mayores de 60 años reciban el beneficio.
El bono de discapacidad podría ser otro ingreso que les ayude en su manutención, pero su hija no tiene carnet de identidad ya que cuenta con dos certificados de nacimiento, un problema que no ha podido solucionar por falta de recursos para contratar ayuda legal.
El presidente de la Confederación de Adultos Mayores de Bolivia, Delfín Berdeja, informó que en el país hay alrededor de 1.100.000 adultos mayores de los cuales 250.000 se encuentran en La Paz y solo 30.000 pertenecen al grupo de jubilados.
Los otros 220 mil son abuelos y abuelas no tienen una jubilación, con mucha suerte tienen una vejez digna gracias a sus familias que no los abandonaron, otros no tienen esa misma suerte y tienen que trabajar hasta el final de sus días, otros simplemente se encuentran en el abandono.
“El calvario (para sostener a un anciano) es a partir de los 70 años cuando ya no pueden trabajar y no están asegurados. Hay el seguro universal, pero todavía no funciona bien. Entonces la carga es para la gente pobre que no tiene cómo sostenerlos”, expresó Berdeja a ANF.
Pero, además, los ancianos y ancianas son un grupo altamente vulnerable, incluso objeto de permanente violencia, cuando son abandonados por sus familiares y por el propio Estado; cuando los despojan de sus bienes y los echan de sus casas; o cuando los agreden físicamente.
La Constitución Política del Estado dice que todas las personas tienen derecho a una vida digna, a una vivienda, a la salud, a la alimentación, entre otros; derechos que en el caso de muchos adultos no se cumple.
Matilde es la expresión de esa situación, no tiene una vivienda y su alimentación depende incluso de la ayuda de una vecina, su hija ni siquiera tiene regularizados sus documentos de identidad. Cuando ANF llega a su morada e iniciamos la conversación rompe en llanto y pide ayuda.
“Ayuda necesito siempre, hermanito. Solita nomás vivo con mi hija, tiempo que vivo con mi hija porque se ha enfermado, pero como sea se ha sanado, peor era”, exclamó entre sollozos.
Ella ya se siente cansada por su edad, piensa que en cualquier momento le puede suceder algo y en ese caso su hija quedará prácticamente sola. “Un poco está bien (mi hija), pero falta (que se sane) siempre. Como soy de edad, un de repente cualquier cosa me pasa ¿quién va cuidar a mi hija? ¿Con quién se va quedar? No hay confianza en esta vida, hermanito”, no para de llorar.
Con el pasar del tiempo, los adultos mayores se vuelven más dependientes y no es porque ellos lo decidan, sino porque las condiciones físicas, psicológicas y emocionales así los predisponen.
Un año menos en sus vidas, se manifiesta en su salud que se deteriora, no tienen pleno control de su cuerpo, su vista no es la misma, su memoria tampoco, han perdido la vitalidad y las fuerzas en muchos casos. Sin embargo, cuando eran parte de la población económicamente activa aportaron al Estado, el que ahora les da la espalda.
Las casas de acogida son para pocos
Las Casas de acogida de servicio público a cargo del Estado podrían ser una alternativa para ayudar a los adultos mayores abandonados o aliviar a las familias de escasos recursos en el cuidado de los abuelos, sin embargo, en el país son insuficientes.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo), Eugenio Tellez, criticó que pese a existir normativas de protección a los adultos mayores éstas no se cumplen y no se aplican.
“Las leyes creemos que tiene un contenido muy bueno pero lo que lo anula todo eso es la irresponsabilidad de que incluso, empezando de don Evo Morales, que aprobó y promulgó la Ley 369, 1807 y 073, reconociendo inclusive de lo que es la convención de la Ley 872, ninguna se cumple”, expresó.
La Ley 369, Ley General de las personas adultas mayores, tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. La reglamentación de esa norma está plasmada en el Decreto Supremo 1807. La Ley 073 está referido al deslinde jurisdiccional.
El 20% de los adultos mayores en Tarija sufre maltratos
De acuerdo con los datos revelados por la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia (Anambo), en el país hay 1,5 millones de ancianos, del total, 40 de cada 100 personas de la tercera edad sufren algún tipo de maltrato físico o verbal. En Tarija, un 20 por ciento es víctima de despojos por parte de sus familiares, sufren maltratos psicológicos y físicos. Esa situación, muchas veces, los obliga a salir a las calles a pedir limosna para subsistir.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo en Tarija hay una constante vulneración de los derechos humanos de los adultos mayores y desconocimiento de la Ley Nº 603 (Código de las Familias y del Proceso Familiar) que en su artículo 33, inciso d. (Deberes de hijas e hijos, tuteladas y tutelados) expresa: “Son deberes de las y los hijos, tuteladas y tutelados: prestar asistencia a su madre, padre o a ambos, y ascendientes, cuando se hallen en situación de necesidad y no estén en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia”.
En Tarija hay 43.154 adultos mayores. Del total, 23.057 están obligados a trabajar. Es decir el 50 por ciento. La mayor concentración de los adultos mayores se encuentra en un rango de edad de entre 64 y 95 años, sumando 23.290 mujeres y 19.864 hombres. Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística.