Agronegocio: sector “parásito” de la economía boliviana

El gobierno boliviano, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, presentó hace unos meses el denominado “Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el Sector Agropecuario ante los Efectos del Covid-19”. A través de este se refinanciarán, a nombre de la pandemia, deudas antiguas del sector por un monto de 600 millones de dólares.

Este es un ejemplo, pero existen muchos otros sobre cómo el agronegocio boliviano no puede subsistir si no es con los subsidios y apoyos del sector público. En otras palabras, son los recursos de la sociedad boliviana, gestionados por los gobiernos de turno, los que terminan sosteniendo a un sector económico que, aparte de ser poco rentable, es causante de ecocidios, depredación ambiental, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de otras actividades agropecuarias y afectación a pueblos indígenas.

“Lo que pretende el gobierno de Añez es otorgar préstamos (al agronegocio) a título de fondo de emergencia con dinero público”.

Por tanto, si este sector aporta prácticamente nada a las finanzas públicas, destruye el patrimonio ambiental, pone en riesgo la salud de la población, no aporta a la soberanía alimentaria del país y está controlado principalmente por capitales transnacionales; es muy preocupante cómo, a pesar de todo ello, la sociedad boliviana debe, además, financiarlo.

“Parasitismo” agroindustrial

El “parasitismo social” es un término utilizado por las ciencias sociales para referir a una clase, grupo o sector social que vive a expensas de otros y que, en general, puede considerarse perjudicial para el conjunto de la sociedad. Es una analogía de la biología, desde la cual se considera que los parásitos son aquellos seres vivos que se alimentan de otros organismos vivos.

En los últimos años, diversas organizaciones que impulsan la producción de semillas transgénicas, en especial la soya, señalan que la agroindustria es “motor del desarrollo” nacional. Sin embargo, diversas subvenciones y financiamientos otorgados por el anterior y el actual gobierno demuestran lo contrario, que el agronegocio boliviano se nutre, en gran medida, del resto de la economía nacional.

Quizá el caso más debatido ha sido el que tiene que ver con la subvención del diésel que el agronegocio utiliza para sus actividades. Esta política, implementada por Hugo Banzer Suárez y sostenida por los siguientes gobiernos, demuestra cuán dependiente es este sector de los recursos públicos. En realidad, ninguno de los gobiernos consideró una subvención direccionada, que elimine la subvención del diésel a la agroindustria, sin dejar de apoyar a sectores empobrecidos.

Se estima que por hectárea de producción agroindustrial se utilizan en promedio 88 litros de diésel. Un cálculo simple permite entender la dimensión de este problema. Si el año 2014 el precio internacional del diésel era de Bs. 9,24 por litro y la agroindustria compraba ese litro en Bs. 3,72, significa que el Estado boliviano financiaba Bs. 5,52. Es decir, por cada hectárea se subvencionaban 487.5 bolivianos.

Ese año, según datos de ANAPO, tanto en la campaña de invierno como en la de verano, se cultivaron alrededor de 1,2 millones de hectáreas (Ha) de soya solo en el departamento de Santa Cruz. Esto significa que se subvencionó el equivalente a Bs. 585 millones de bolivianos por concepto de diésel a este sector, es decir, más de 84 millones de dólares.

Ese mismo año la contribución tributaria al fisco del sector “Productos agrícolas industriales” fue, en total, de 25 millones de dólares. En otras palabras, solo en lo referente a la subvención del diésel el Estado boliviano ya salía perdiendo, y mucho.

El agronegocio endeudado

Pero la gran subvención del diésel, contra todo pronóstico, no convierte al agronegocio en un sector “rentable” ni “competitivo”. Pese a que la agroindustria tiene acceso a agua gratuita para riego y, además, como señala el investigador del CEDIB, Pablo Villegas, “liquidan la fertilidad del suelo, sin pagar ninguna regalía”, este sector es uno de los más endeudados de la economía nacional.

En un vídeo que hace unas semanas publicó la Fundación Tierra, se señala que: “según el propio sector del agropoder, los grandes productores arrastran una deuda millonaria con el sistema financiero y con más de 400 casas comerciales. Las cifras son exorbitantes, según CONFEAGRO existe una cartera en el sistema financiero de 2.500 millones de dólares y 1.000 millones en casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores”.

El vídeo también señala que: “lo que pretende en realidad el gobierno de Añez es otorgar préstamos a título de fondo de emergencia, con dinero público, a una tasa de interés anual de solamente 4%, con dos años de gracia y pagaderos en 12 años. ¿Qué se hará con este dinero? Básicamente, rescatar a los grandes empresarios endeudados y ahorrarles millones de dólares”

Algo similar pasó en 2017, cuando el gobierno de Evo Morales intentó otorgar créditos blandos al sector agroindustrial por $US 150 millones. En aquel momento se buscaba financiar esos créditos con recursos provenientes del fondo de jubilación de los trabajadores.

En un análisis de aquel entonces, Gonzálo Colque, director de la Fundación Tierra, se hacía la siguiente pregunta: “¿Por qué la banca privada no se interesa en el negocio agropecuario? Si fuera cierto que el agro ofrece una oportunidad de oro de alta rentabilidad; es de esperar que los bancos financien generosamente al sector […]. Sin embargo, esto no sucedió porque a fin de cuentas los banqueros saben cómo y dónde lucrar. Usualmente se dice que los créditos para el agro son de alto riesgo, algo muy cierto, pero es igualmente cierto que el agronegocio es una actividad económica altamente especulativa, opera con bajo perfil público y reporta oficialmente utilidades muy bajas”.

En este sentido, es legítimo cuestionar el motivo por el cual se están utilizando recursos públicos  ‒en el marco de la mayor crisis sanitaria que el país está enfrentando en el último siglo‒ para financiar a este sector que vive a expensas de la sociedad boliviana y de sus recursos naturales.

Presupuesto del “Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el Sector Agropecuario ante los Efectos del Covid-19”.

¿Qué aporta la agroindustria a la economía nacional?

Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector extractivo agroindustrial aportó en 2019 poco más del 10% del valor total de las exportaciones. En cambio, el sector extractivo minero aporto casi el 50% y el sector extractivo hidrocarburífero aportó poco más del 30% del valor de las exportaciones.

Sin embargo, como señaló Miguel Ángel Crespo, director de PROBIOMA, en referencia a las exportaciones del agronegocio en el año 2018, del total del valor de estas ‒que representaron más de $US 1.000 millones‒ “sólo se aporta al fisco el 1 %, que ni siquiera cubre la subvención del diésel”.

El agronegocio y la concentración de tierras

En una declaración de la presidenta Añez, en la Exposoya 2020, señaló que la soya “es uno de los eventos más productivos del país. Más de 14.000 agricultores siembran soya, de los cuales 80% son pequeños productores. Este sector está compuesto por hombres y mujeres con coraje y determinación que trabajan con perseverancia y amor su tierra”.

Sin embargo, como señala Gonzalo Colque, en realidad el 78% de los productores de soya ‒que son pequeños productores‒ solo controlan el 9% de la tierra. Los medianos productores, que son el 20%, controlan el 20% de la tierra, mientras que el 2% de los productores ‒los grandes productores‒, controlan el 70% de la tierra destinada a la producción de la soya.

También es importante tener en cuenta que los pequeños propietarios suelen recibir solo entre el 18% y el 25% del excedente, lo que en términos absolutos depende de si la cosecha fue buena o no.