El costo de los combustibles y el presupuesto de las autonomías
La política de precios de los combustibles en Bolivia ha abierto un debate que va más allá del costo de llenar el tanque de un vehículo o maquinaria. La eliminación de la subvención y los posteriores ajustes en los precios de la gasolina y el diésel tienen implicaciones sobre la producción, el transporte, los precios de los bienes y particularmente, sobre la planificación y el presupuesto de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
Si bien la política de subvenciones debe analizarse considerando su sostenibilidad fiscal, el abastecimiento de combustibles y sus efectos sobre la economía, existe una dimensión que merece mayor atención: ¿qué ocurre con los presupuestos de los gobiernos departamentales y municipales cuando deben pagar más por un insumo indispensable para cumplir sus competencias?
El problema no es únicamente el incremento del precio por litro, el verdadero desafío consiste en determinar quién debe asumir ese costo adicional y cómo evitar que termine reduciendo los recursos destinados a los servicios públicos.
Las ETA elaboran sus presupuestos con anticipación, calculando los recursos necesarios para sus actividades; sin embargo, cuando aumentan los precios de los combustibles, los recursos previstos pueden resultar insuficientes.
Por ejemplo, las gobernaciones necesitan diésel para que su maquinaria realice trabajos de mantenimiento de caminos. Los municipios, por su parte, requieren gasolina y diésel para la recolección de basura, el mantenimiento de calles, el funcionamiento de maquinaria, el transporte operativo y la atención de emergencias. También se debe considerar el combustible utilizado por ambulancias y otros vehículos destinados a servicios públicos.
Si el combustible cuesta más, las ETA deben gastar recursos adicionales para mantener estas actividades. Y si sus ingresos no aumentan, tendrán que reducir otros gastos, postergar proyectos o modificar sus metas.
El efecto puede llegar directamente a la población: menos mantenimiento de vías, actividades postergadas o una menor capacidad para atender las necesidades de las comunidades.
El Artículo 8 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización, reconoce entre las funciones de las autonomías el impulso al desarrollo económico y social. En el caso de los municipios, también destaca la prestación de servicios públicos a la población. Por ello, los aumentos de costos que afectan estas funciones deben analizarse con responsabilidad.
El presupuesto público es limitado. Cuando se necesita más dinero para comprar combustible, quedan menos recursos disponibles para otros fines, como el mantenimiento de infraestructura, los programas sociales y los proyectos de inversión.
De acuerdo con los datos del Presupuesto Abierto del MEFP, hasta septiembre de 2025 el gasto en combustibles de las ETA, incluidas sus entidades descentralizadas, alcanzó Bs197,5 millones (precio gasolina = Bs3,74/litro y diésel Bs3,72/litro). En el mismo periodo de 2026, el gasto llegó a Bs269,9 millones (precio gasolina = Bs6,96/litro y diésel Bs9,80/litro): Bs72,4 millones más, equivalente a un incremento del 37%. Este aumento no incorpora aún el impacto pleno del Decreto Supremo Nº 5716, de 18 de septiembre 2026, que fija el precio del Diésel Oíl a Bs17,95/litro.
¿Qué soluciones se pueden considerar?
Existen alternativas para reducir el impacto sobre las finanzas de las ETA sin desconocer la necesidad de ordenar las cuentas públicas.
Una opción es establecer precios diferenciados para el combustible destinado directamente a servicios públicos, como la maquinaria caminera, los vehículos municipales y otros equipos operativos. Este mecanismo debería contar con registros de consumo y controles que garanticen el uso exclusivo para esos fines.
Otra alternativa es crear un mecanismo de compensación o asignar recursos adicionales a las ETA más afectadas, para ello, podrían considerarse el aumento de precios, el consumo histórico, la extensión territorial, la población atendida y los servicios que presta cada entidad. Esta medida requeriría una fuente de financiamiento claramente identificada y sostenible.
También se podría revisar la aplicación de los precios establecidos para los grandes consumidores, evaluando si corresponde un tratamiento específico para los vehículos y equipos que prestan servicios públicos, de acuerdo con la normativa vigente.
Estas alternativas pueden combinarse, lo fundamental es evitar que el incremento de los combustibles se traduzca automáticamente en una reducción de los recursos destinados a atender las necesidades de la población.
Finalmente, la sostenibilidad fiscal no debe medirse únicamente por el ahorro que obtiene el nivel central del Estado (NCE). También es necesario considerar los gastos adicionales que sus decisiones generan en los gobiernos departamentales y municipales.
Por ello, el NCE debería coordinar con las ETA, calcular el impacto real de los nuevos precios y establecer mecanismos que permitan mantener los servicios públicos sin debilitar sus presupuestos. No se trata de excluir a las autonomías de las políticas económicas nacionales, sino de garantizar que cuenten con recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades.
Una política económica responsable también debe considerar sus efectos sobre los municipios y las gobernaciones, puesto que, cuando el combustible cuesta más y el presupuesto no alcanza, el impacto no se queda en los números, puede terminar afectando los caminos, la limpieza, la atención de emergencias y otros servicios que la población necesita cada día.
*Economista.
