El hito y sus fisuras: Lo que la Amazonía logró en Cobija y lo que aún le falta para ser real

I. LO QUE COBIJA LOGRÓ

El 23 de abril de 2026, el Salón H de la Universidad Autónoma de Pando fue el escenario de algo que ningún decreto había logrado antes: los 23 municipios amazónicos que la Constitución Política del Estado reconoce en sus artículos 390 y 391 —los 15 de Pando, los 6 del norte del Beni y los 2 amazónicos de La Paz— se sentaron bajo una sola convocatoria. El Comité por el Desarrollo de la Amazonía (CODA), con el respaldo de la FAO, organizó el Segundo Foro por el Desarrollo Integral Sostenible de la Amazonía Boliviana. No fue el primero: en febrero de este año, CADEXNOR había reunido a la región en Riberalta. Dos foros en menos de tres meses. Eso es un ritmo que la Amazonía nunca había tenido.

La diagnosis de Agustín Vargas Ribera, presidente de CADEXNOR, fue la más clara del encuentro: “Vamos a seguir en el limbo, vamos a seguir presentando propuestas o proyectos de ley de la castaña, del acaí, de la goma, de todo. No es correcto. Necesitamos una ley de integración de toda la Amazonía”. Tiene razón. Y esa razón obliga a ser exigentes con el proceso.

II. EL HOMBRE QUE SE ENTERÓ POR LAS NOTICIAS

La lista de participantes del Segundo Foro es sólida: ABT Pando, SENASAG, Cámara Forestal, FEGAPANDO, Asociación de Barraqueros, Cooperativa Minera ASOBAL, brigada parlamentaria, organismos internacionales, representación del Estado. Una arquitectura institucional respetable.

Pero Alfredo Rodríguez Racua, presidente de la Federación Sindical de Trabajadores Castañeros —la organización que representa a los hombres y mujeres que recolectan la nuez que sostiene la economía de todo el norte amazónico— no estaba en esa sala. Consultado directamente por este columnista, Rodríguez Racua fue categórico: desconocía el evento. Se enteró por las noticias.

Esta omisión no es un detalle logístico. Es una señal estructural. Una ley amazónica que no incorpora desde su construcción la voz del sector laboral mayoritario de la región tiene un problema de representatividad que ningún consenso institucional puede subsanar.

Y el contexto del sector hace esa ausencia aún más grave. El mismo Rodríguez Racua informó que la caja de almendra está siendo pagada por debajo del acuerdo de Bs. 200 firmado con el sector: los pagos reales oscilan entre Bs. 150, Bs. 120 y Bs. 100 por caja de 23 kilogramos. Es decir, el convenio existe en papel y se incumple en el monte. Mientras los foros debaten la ley paraguas, los zafreros trabajan bajo condiciones que incumplen los acuerdos ya vigentes.

Este dato no es nuevo. En enero de 2026, este columnista documentó en el reportaje BS. 200 La Caja: El Precio Invisible de la Castaña Amazónica la casi total ausencia de protecciones legales para los zafreros, con testimonio directo de trabajadores y confirmación explícita del Ministerio de Trabajo. Lo que Rodríguez Racua añade ahora es que la situación no ha mejorado: ha empeorado.

III. EL ORO BAJO EL PARAGUAS “SOSTENIBLE”

Agustín Vargas Ribera fue explícito en Cobija: la ley integral debe cubrir también “la recuperación del oro que hacen las cooperativas”. En el mismo foro participó la Cooperativa Minera Aurífera Asobal Pando. Nadie cuestionó la inclusión.

La evidencia científica documentada no admite ambigüedad. Según el Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la UCB (2024), la cuenca del río Beni es uno de los focos de explotación aurífera más activos del país, donde el ciclo del mercurio en el sistema hídrico expone a las poblaciones locales a contaminación crónica. Una investigación de Paredes (2024) halló que el 74,5% de la etnia Esse Ejja en la cuenca del Beni presenta niveles de mercurio por encima del límite recomendado por la OMS.

La Red UNITAS cuantifica el uso de al menos 120 toneladas de mercurio al año en la actividad aurífera boliviana. Una publicación del propio gobierno boliviano de 2016, citada por Mongabay Latam, situó al país como tercer emisor de mercurio en las Américas con 133 toneladas anuales. Para 2025, el Plan de Acción Nacional para el control del mercurio —que Bolivia se comprometió a implementar bajo el Convenio de Minamata— sigue sin ser ejecutado bajo la administración de Rodrigo Paz.

Incorporar la minería aurífera bajo el mismo paraguas “sostenible” que protegerá el almendro no es un error de redacción. Es una contradicción que la ley tendrá que resolver. Si no se resuelve en la construcción del marco, se resolverá en su aplicación —y siempre a favor de quien ya está sentado a la mesa.

IV. EL ESTADO MANDÓ AL MINISTERIO EQUIVOCADO

El Gobierno Nacional estuvo representado en Cobija por Leslie Salazar, Directora General del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía. Su discurso fue pertinente: Bolivia como uno de los 15 países de mayor agrobiodiversidad del mundo, orgullo nacional, identidad. Palabras verdaderas.

Pero la Amazonía no necesita en este momento una declaración sobre su identidad. Necesita presupuesto. Necesita transferencia de competencias. Necesita que alguien con poder ejecutivo real esté en esa sala desde el inicio del proceso legislativo. La ausencia del Ministerio de Planificación o del área económica del Ejecutivo no es una falla de protocolo: es una señal de cuánto peso tiene este proceso en La Paz.

V. EL ANTECEDENTE QUE NADIE QUIERE NOMBRAR

Bolivia tiene una historia larga de propuestas amazónicas sin desenlace legislativo. La Ley N° 2585 de 2003 creó un Programa de Desarrollo Amazónico circunscrito solo a Pando. El proyecto de Ley “Bruno Racua” del BOCINAB lleva años en circulación sin convertirse en norma: en julio de 2025, 34 organizaciones indígenas y campesinas todavía exigían a la Asamblea Legislativa que lo viabilizara. En febrero de 2026, Hugo Leigue Canamari —ingeniero forestal y ex director de ADEMAF— presentó el Proyecto de Ley N° 001/2026-27 para la Amazonía, cuyo análisis revela que la Agencia de Desarrollo propuesta replica estructuralmente a ADEMAF sin mecanismos nuevos de control social.

Tres marcos legales en proceso. Ninguno aprobado. El Segundo Foro propone un cuarto. La diferencia esta vez es real: es la primera vez que los 23 municipios amazónicos constitucionales participan de manera articulada y bajo una agenda común. Eso cambia el peso del proceso. Pero no elimina el patrón.

VI. SANBUENAVENTURA: EL MOMENTO DE SER DISTINTOS

La Amazonía boliviana acaba de protagonizar algo sin precedente en su historia institucional. Por segunda vez consecutiva en menos de tres meses, los 23 municipios amazónicos —Pando, norte del Beni y La Paz— que la Constitución Política del Estado reconoce como el territorio amazónico boliviano se han reunido bajo una sola convocatoria y una sola agenda.

Eso no había ocurrido antes. No en democracia. No con esta amplitud. Es un hito que el país entero debería registrar: la región más postergada de Bolivia encontró la forma de hablar con una sola voz. Y se apresta a un tercer foro en San Buenaventura, La Paz, donde participarán los 23 alcaldes, gobernadores y asambleístas de los tres departamentos amazónicos para cerrar una agenda común que derive en una ley única, integral y con respaldo territorial irrefutable.

Este proceso tiene posibilidades reales de cambiar estructuralmente la relación entre el Estado boliviano y su Amazonía. Pero solo si llega a San Buenaventura con las correcciones que Cobija no hizo: con el presidente de los castañeros en la sala, no enterándose por las noticias. Con el incumplimiento del acuerdo de Bs. 200 sobre la mesa, no fuera de ella. Con la contradicción de la minería aurífera nombrada y resuelta, no silenciada. Con el Ejecutivo representado por alguien que tenga poder presupuestario real.

La Amazonía boliviana logró en Cobija algo histórico. Ahora tiene que demostrar que no se conformará con el hito. Porque una ley que repita las exclusiones de siempre con un nombre nuevo no será el paraguas de la Amazonía. Será el techo de quienes ya estaban adentro.