Entre muertos y muertos: Una reflexión sobre los accidentes en las minas de Potosí

120 muertos en 2025.

600 niños en orfandad.

12 muertos en enero de 2026.

3 personas mueren por semana.

Todo ocurre en las minas de Potosí, según registro oficial.

Doce muertes en un mes significan doce familias que pierden a un padre, a un hermano que si bien es el mayor es aún menor de edad, en ambos casos el principal sostén del hogar. Significan también cientos de infantes que quedan en situación de orfandad o desamparo económico, en uno de los departamentos con mayores índices de pobreza estructural del país -pese a obtener los ingresos más altos por regalías mineras-.

Sin embargo, estas cifras no abren noticieros, no ocupan titulares ni forman parte de los discursos oficiales.

Potosí no está en el eje central del poder ni de la agenda mediática nacional, y cuando la tragedia ocurre lejos de ese eje la muerte se vuelve estadística y deja de ser escándalo. Mientras escribo estas líneas es probable que otro minero esté ingresando en una galería sin ventilación adecuada, sin sostenimiento seguro, sin más protección que su experiencia y su necesidad, y es probable que también que no vuelva a salir.

La paradoja es evidente. Desde 2005, con el incremento sostenido del precio de los minerales —especialmente la plata, el zinc y el estaño—, la actividad minera se intensificó, pero la seguridad laboral no avanzó al mismo ritmo. Al contrario: la presión por producir más, más rápido y a menor costo ha reducido prácticas básicas de prevención.

El tojeo: ese trabajo esencial de limpieza y aseguramiento de paredes y techos en interior mina, ha sido desplazado por la prisa de explotar la veta. Hoy en muchas galerías un par de callapos deteriorados sostienen techos inestables, mientras los trabajadores avanzan agachados o a rastras respirando aire viciado que apenas llega desde una compresora lejana.

Los informes policiales se repiten con una regularidad escalofriante: intoxicación por gases, caída de planchón (aysa), choques entre carros metaleros, explosiones prematuras de dinamita, caídas al vacío. Son muertes que, en su mayoría, podrían evitarse si se cumplieran las normas mínimas de seguridad laboral establecidas en la legislación boliviana.

Pero pueden ser 3, 12 o 120. Para el país, parecen no importar.

La comparación resulta incómoda pero necesaria. Cuando las muertes ocurren en el eje central, incluso si no superan el par, ocupan portadas, generan declaraciones oficiales, investigaciones inmediatas, juicios y sentencias. Cuando ocurren en Potosí o en otras regiones históricamente postergadas, los cuerpos se entierran rápido, sin justicia, sin investigación profunda y sin indignación nacional.

Ninguna muerte debería aceptarse como parte del trabajo. Menos aún cuando es previsible y prevenible. Todas deberían investigarse, sancionarse y servir para corregir fallas estructurales. Sin embargo, en Bolivia persiste una verdad incómoda: hay muertos que duelen y muertos que se toleran.

Y mientras esa diferencia exista, la mina seguirá cobrando vidas en silencio.

*Especialista en Cooperación internacional para el Desarrollo. Comunicadora y trabajadora social.