La salud mental no es un privilegio: es un derecho político

Me llegan mensajes al celular a cualquier hora, con casos de violencias, casos de colapsos: "No puedo más”, “A mi prima le paso esto”, “Trabajo, estudio, cuido a mi mamá enferma”, y las personas me dicen que “me cuide más” “es mi culpa”, “no exagere”.

¿Tienes conocimiento de cuanto es el costo de una sesión de terapia psicológica en Tarija?

Entre 150 y 300 bolivianos. Ahora piensa: ¿Cuántas personas crees que son capaces de pagar ese monto cada semana? ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres de los barrios peri urbanos, cuántos trabajadores/as informales tienen 1200 bolivianos libres al mes para "cuidar su salud mental"?

La respuesta es obvia. Y ahí está el problema.

La salud mental se volvió el negocio perfecto para decirnos que nuestro sufrimiento es culpa nuestra. Que si estamos mal es porque "no pensamos positivo", porque "nos falta resiliencia", porque "no te esforzaste lo suficiente", si tienes ansiedad es porque “no meditas suficiente”. Que el éxito se mide en cuánto produces, cuánto aguantas, cuánto te callas.

Y así nos convencen de que el problema está en nosotros y nosotras, no en un sistema que nos quiebra a diario.

Esto no es casualidad. Es político.

Cuando te dicen que "el pobre es pobre porque quiere", están escondiendo algo mucho más violento: que hay gente que se está haciendo rica exactamente porque nosotros y nosotras estamos quebrados/as.

Como si comprarte un skin care fuera a salvarte del salario que no alcanza, de la violencia machista que te persigue en la calle, del jefe que te explota y la discriminación que te atraviesa.

¿De qué "amor propio" me pueden hablar si no me alcanza para pagar el alquiler?

Despolitizar la salud mental es la jugada perfecta del sistema y sirve al poder. Si todos y todas, creemos que nuestro sufrimiento es problema individual, nadie va a señalar las estructuras que nos están agotando. Nadie va a exigir empleos dignos. Nadie va a preguntar por qué las mujeres seguimos cargando triple jornada sin remuneración. Nadie va a cuestionar por qué no hay un solo centro público de atención psicológica accesible en la mayoría de los municipios en Bolivia. Nadie va a cuestionar por qué las juventudes estamos agotadas antes de los 25 años y por qué los casos de suicidios están en constante aumento.

Y acá viene lo que más me indigna: Hace más de un año se aprobó la Ley Departamental de Salud Mental N° 493 en Tarija, y ahí empezó el viacrucis, porque estamos hace más de un año esperando la reglamentación que nunca llega.

De igual manera, acompaño a jóvenes que impulsamos una “agenda en promoción de la salud mental”, con el propósito de socializar a nuestras autoridades las necesidades de nuestra región y recibimos como respuestas, silencios, promesas, disculpas y postergaciones.

¿Qué mensaje nos están dando? ¿Qué la salud mental importa solo cuando hay cámaras? ¿Qué nuestras crisis no son suficientemente urgentes? ¿Qué podemos seguir esperando mientras nos seguimos muriendo?

Pero podemos cambiar la realidad. Si eres autoridad y estás leyendo esto: Deja de jugar. Si realmente te importa la salud mental, coloca presupuesto donde está tu discurso. Necesitamos la reglamentación inmediata de la Ley 493. Centros de cuidado para la reducción de daños en barrios y comunidades, servicios públicos gratuitos, cercanos, cálidos, Porque hasta ahora todo lo que hemos visto son palabras bonitas y cero resultados.

Y si eres alguien que está sufriendo: no es tu culpa. El sistema está diseñado para quebrarte y después hacerte sentir responsable por estar quebrado/a.

Dejemos de castigar a quienes consumen drogas y empecemos a acompañarlos.

La salud mental es un derecho político. Y los derechos se pelean, porque si algo aprendimos en los feminismos es que la única forma de sanar es haciendo comunidad. Y eso no nos lo puede quitar nadie.

* La autora es cofundadora de Fundación ECOS, psicóloga, educadora y activista feminista,