El Impuesto a las Grandes Fortunas, una mirada desde la progresividad tributaria
Recientemente se anunció el primer paquete de medidas del gobierno nacional, planteando, entre otras cosas, la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), un tributo reciente que recae sobre quienes concentran los patrimonios y la riqueza más elevada en el país y que alcanza a una fracción mínima de contribuyentes. Aunque su recaudación no es significativa en términos globales, es un tributo relevante dentro del sistema tributario porque sería el único impuesto realmente progresivo (mayor capacidad económica, mayor aporte; menor capacidad económica, menor aporte); eliminarlo podría constituir un retroceso redistributivo.
Según organismos internacionales como OCDE, CEPAL, CIAT y el BID, la estructura tributaria de la región se caracteriza por ser regresiva; es decir, la mayor parte de la recaudación proviene de impuestos indirectos como el IVA, el IT y el ICE, que se aplican al consumo sin diferenciar entre ricos y pobres. Debido a ello, las familias de menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de su presupuesto a impuestos, que los hogares de altos ingresos. Esta estructura contrasta con la de los países desarrollados que cuentan con un impuesto a la renta personal moderno, global y progresivo que recae de forma diferenciada a quienes ganan más. Bolivia no tiene un impuesto de este tipo; el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) dista mucho de cumplir funciones de progresividad y no grava las múltiples fuentes de ingresos de los estratos de mayor riqueza.
En este contexto, el IGF es el único instrumento que introduce progresividad real en el sistema tributario boliviano ya que recae sobre los patrimonios altos y la riqueza acumulada y no afecta a las clases medias ni a los sectores vulnerables.
Además, es importante recordar que la implementación del impuesto a las grandes fortunas se dio en la coyuntura de la pandemia donde existían fuertes presiones fiscales para financiar la lucha contra el virus, y la comparación internacional indica que, al menos 16 países —entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Suiza, Rusia, Argentina, Chile y Perú— debatieron impuestos a la riqueza o reforzaron los existentes.
Organismos como el FMI, OCDE y el Banco Mundial avalaron la necesidad de que los patrimonios más altos contribuyan más para financiar el gasto público, sostener la recuperación y reducir desigualdades extremas. Países que durante décadas habían relajado la tributación patrimonial hoy reevalúan su relevancia como parte de una estrategia fiscal más equilibrada.
Mientras tanto, América Latina presenta una de las mayores concentraciones de riqueza del mundo. Según CEPAL, el 10% más rico acapara el 34% de la riqueza, en cambio el 10% más pobre apenas el 1,7% de riqueza, y la recaudación de impuestos patrimoniales o a la riqueza no llega ni al 0,1% del PIB. Esto no refleja exceso impositivo, sino una subutilización de herramientas para corregir desigualdades estructurales. Aunque con una mínima recaudación, al introducir el IGF, Bolivia avanzó hacia la progresividad y a un estándar internacional que reconoce que la justicia fiscal no sólo depende de cuánto se recauda, sino de quiénes contribuyen.
Es importante recordar que los impuestos a la riqueza no afectan a la inversión ni la actividad económica, pues se aplican a patrimonios consolidados, stock de riqueza, no al flujo operativo de las empresas, y por su misma reducida recaudación, su impacto económico es marginal comparado con sus beneficios redistributivos. La evidencia internacional que recabaron los mismos organismos internacionales mencionados al inicio del artículo, muestra que estos impuestos contribuyen a fortalecer la legitimidad del sistema tributario y a sostener el gasto social sin trasladar el costo a consumidores y pequeños contribuyentes.
Lanzado el anuncio de la eliminación del IGF queda el debate para la Asamblea Legislativa, que ahora deberá tratar la ley de abrogación; considerando este y otros argumentos a favor o en contra. Eliminar el IGF debilitaría la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y reduciría aún más su progresividad. En un país con profundas brechas sociales, con una estructura tributaria dominada por el consumo, renunciar al único impuesto progresivo sería un retroceso difícil de justificar. Además, debilitaría la cohesión social, al enviar la señal de que la mayor carga seguirá recayendo en quienes menos tienen.
Las acciones de política pública deberían buscar mayor progresividad, mayor transparencia patrimonial y orientarse hacia un sistema tributario más equilibrado y menos dependiente de impuestos indirectos. El IGF no parece constituirse en un obstáculo para el desarrollo: sino un paso para reducir la desigualdad y profundizar la redistribución.
Una reflexión final para la política pública es que el costo de la crisis no puede recaer sobre quienes menos tienen, eliminar el IGF enviaría un mensaje político contradictorio sobre el compromiso del país con la equidad tributaria y la responsabilidad fiscal.
(*) El autor es economista
