Administrar el estado de otra manera

Prácticamente, este 17 de julio pasado, con la elección de los jurados electorales a nivel nacional, se ha logrado concluir la primera etapa, que nos permitirá asistir a las urnas el 17 de agosto en nuestra amada Bolivia. En síntesis, se han inscrito los candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, de las diferentes tiendas políticas, y a partir del 18 de julio, empezaron las campañas destinadas a lograr el favor de los electores, quienes ejercerán ese derecho, estoy seguro, con la seriedad que implica no solo el votar, sinó también, el elegir al mejor, según las opciones y preferencias que en democracia se tienen.

En ese contexto, en esta segunda etapa, es necesario y fundamental, que en las circunscripciones y geográficamente en los departamentos, los candidatos a presidentes y vicepresidentes, lleguen por lo menos una vez, acompañados de aquellos que terciaran por las diputaciones y senaturías, dando a conocer las propuestas regionales que están insertas en el plan que presentaron al Tribunal Supremo Electoral.

Todos ellos, al concluir este evento, deberían suscribir compromisos firmados ante notario, con la finalidad de establecer el rumbo político que llevaran adelante, en caso de salir victoriosos. Seguramente, es muy previsible que, a futuro, sucedan algunos ajustes o cambios, pero de la manera planteada, se lograría generar un primer compromiso de gobernabilidad, basado en que el vencedor, ha logrado en democracia, la mayoría, y que a pesar de que exista oposición y oficialismo, de cara al pueblo, deberán encontrar acercamientos que les permitan gestionar los mejores resultados para sus regiones y la nación.

En este punto, me detengo y les consulto, esta vez: ¿qué queremos para nuestras regiones? ¿Bolivia seguirá siendo manejada desde un centralismo secante que posterga? ¿Seguiremos observando, impávidos, las escaramuzas entre nuestros diputados, senadores, ministros de estado, jueces, ministros del tribunal supremo de justicia, gobernadores, alcaldes, policías, etc? ¿Acaso no es momento de exigirles que se comprometan a conseguir resultados para los que fueron electos y designados? ¿Qué durante su mandato, informen por lo menos una vez cada semestre públicamente que hicieron? ¿Qué sea obligatorio, que todas las autoridades emitan un informe final de gestión, que permita a sus sucesores dar continuidad a lo que hicieron en su gestión? ¿Y los alcaldes: acaso no deben informar de igual manera cada seis meses? ¿Y las Gobernaciones?

En nuestra modesta opinión, creemos que debe recuperarse la transparencia y la obligación del seguimiento a la cosa pública.

En esa lógica, permítanme abrir un pequeño paréntesis que decantará en una alternativa, que creo marcaría una diferencia significativa en el manejo administrativo del aparato estatal.

En principio, estamos convencidos que debemos analizar si el aparato estatal responde a un sistema administrativo acorde a lo que acontece al presente. Es evidente, que la respuesta no será de aprobación. En consecuencia, es necesario concluir que debemos proponer que las funciones de las Gobernaciones Autónomas de los Departamentos, debieran migrar a volverse articuladores de lo que demanden los municipios. De esa forma, esas administraciones, que son numerosas y muy burocráticas, se achicarían y permitirían que las responsabilidades se transfieran a las Alcaldías.

En otras palabras, ante un sistema administrativo que resulta muy pesado y demanda muchos funcionarios, ¿no sería oportuno analizar que se migre a ejercitar un Municipalismo, otorgando una primacía a los municipios sobre otras entidades políticas, que equilibre la balanza con el gobierno central?. Es decir: ¿acaso no se debería priorizar la toma de decisiones y la gestión de los asuntos públicos a nivel local, con mayor participación ciudadana?. Esta es, sin duda, una forma de organización política que descentralizaría el poder y lo acercaría a las regiones, como una verdadera alternativa al modelo estatal centralizado.

A su vez, las autoridades cívicas, elegidas por voto representativo a través de las organizaciones y empresas que figuran como habilitados para ejercer ese derecho,  permitirían finalmente que se de paso a un compromiso cívico real, desde una perspectiva de servicio público, donde se centraría la participación y seguimiento de las políticas públicas, en los tres niveles del estado y en todas las actividades que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. Para dejarlo claro: inicialmente serían los guardianes que los asambleístas electos cumplan el primer compromiso y que logren los consensos necesarios después, que garantizaría una gobernabilidad desde las regiones, así como veedores de que las autoridades regionales, no cometan actos de corrupción, caiga quién caiga.

Para poder lograr lo anterior, evidentemente la autonomía debiera girar también en el sentido de que se estructuren mancomunidades, para que puedan desarrollar proyectos que eviten, como ha sucedido a lo largo y ancho del país, que se dupliquen esfuerzos en proyectos que son muy parecidos, y que haya mayores recursos para poder encarar obras de mayor envergadura.

Sin duda, Tarija sería el departamento modelo de lo que se plantea, porque podría estructurar una mancomunidad con sus once municipios, y generar una democracia interna en base a las necesidades y oportunidades que se definan integralmente. Por lo menos debiéramos pensar si sería lo mejor, puesto que el centralismo que se ejerce a nivel local, con una Gobernación que demuestra un comportamiento idéntico a lo que sucede desde el Gobierno Central, nos esta aniquilando.

En resumen, el municipalismo y el civismo, son fundamentales para proponer que las nuevas unidades administrativas, sean las mancomunidades, para que las muchas demandas y ahora pocos recursos que se tienen, sean administrados en esta nueva visión de autonomías departamentales. Las Gobernaciones deberían transformase y cumplir en gestionar, en aquellas competencias que les hayan sido delegadas desde el Gobierno Central, lo que se establezca y defina desde las mancomunidades.

Sabemos que la propuesta demandaría un cambio radical de la estructura administrativa del estado, pero por otro lado, si seguimos como estamos, mayores avances no se podrán lograr. Si hay que cambiar leyes o formular nuevas, que esa sea la primera tarea que se delegue a los nuevos asambleístas nacionales.

Merecemos un mejor futuro y entre todos debemos encontrar las soluciones que se ajusten al presente y se proyecten por lo menos por 25 años. ¡Saludos!