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La crisis económica es la oportunidad de auto explotación laboral

El 85% de la fuerza laboral en Bolivia se encuentra en la informalidad, este es un grave problema que tiene consecuencias múltiples y profundas para la economía y la sociedad. Esta alta tasa de trabajo informal se traduce en empleos precarios e inestables. Con el alto porcentaje de la población activa empleada en el sector informal, las repercusiones se extienden más allá del ámbito laboral, afectando profundamente la economía familiar, conduciendo sus oportunidades a emprendimientos de subsistencia y condiciones de auto explotación.

El trabajo informal generalmente implica ingresos irregulares, trabajos ocasionales. Esto se traduce en una falta de seguridad económica para las familias, quienes deben enfrentarse a una constante incertidumbre respecto a su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación. La ausencia de un salario fijo y la dependencia de trabajos ocasionales limitan la posibilidad de planificación financiera a largo plazo, perpetuando condiciones de vida en estado de vulnerabilidad y pobreza.

Las iniciativas en la población son emprendimientos de subsistencia como una respuesta directa a la crisis y al desempleo. Estos emprendimientos aunque son una solución inmediata para muchas familias, son en realidad emprendimientos por necesidad más que por oportunidad. Se basan en habilidades básicas como la cocina, y otros basados en la renta que puedan obtener por vender algún producto o servicio, esta base económica de la población no contribuye significativamente al crecimiento económico, son respuestas de corto plazo, y no genera productos con alto valor agregado en términos de innovación o desarrollo tecnológico.

La política económica del gobierno ha debilitado la economía nacional, conduciéndola a la incapacidad de generar empleos suficientes para la población, este debilitamiento ha llevado a una pérdida de la vocación productiva, una disminución en la capacidad de transformar mercancías con alto valor agregado y una caída en la oferta de trabajos especializados con formación profesional. Investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), alrededor de 200,000 jóvenes profesionales no logran encontrar empleo cada año y los profesionales que consiguen empleo lo hacen en trabajos diferentes a su profesión o en condiciones temporales e inestables, a menudo bajo formas de subcontratación o tercerización, lo que implica una pérdida significativa de derechos laborales y seguridad social de largo plazo. 

El panorama muestra emprendimientos enfocados en la importación de mercancías, perpetuando la dependencia de productos extranjeros y debilitando aún más la economía local, también emprendimientos por necesidad en condiciones de auto explotación, largas jornadas laborales, no existen vacaciones con remuneración, exposición a condiciones climáticas y sociales que pueden afectar los ingresos, seguridad y salud, fuentes laborales ocasionales y reducción del costo de la mano de obra. La crisis económica no solo impide la generación de ingresos estables para las familias, sino que también agrava la desigualdad social. Aunque puedan aumentar los salarios en términos nominales, el poder adquisitivo de los ingresos de la población disminuye debido al encarecimiento de los productos, resultando en un ciclo de pobreza económica.


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