El bloqueo legislativo es responsabilidad del gobierno

El gobierno insiste en que el Estado tiene capacidad de endeudamiento y que el bloqueo legislativo a la aprobación de créditos se basa en intereses políticos. Más allá de que todo acuerdo legislativo es —por naturaleza— político, el gobierno generó por sí mismo dicho bloqueo: por el conflicto interno del MAS, por la falta de señales de reformas económicas estructurales y por sus arremetidas autoritarias.

Evidentemente, intereses políticos y personales están, en todo momento, envueltos en la aprobación de créditos, tal como afirmó el Ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. ¿Acaso el Presidente Arce no aboga por ellos precisamente por intereses políticos y personales? La calificación de «político» de todo aquello que contradice al gobierno no es sólo por demás de pesado, sino también vacío. Se trata apenas de trivialidades de una estrategia de comunicación política hecha para emborrachar a la perdiz.

Las razones de fondo del bloqueo legislativo, relacionado a los créditos, residen en acciones e inacciones propias. El conflicto interno del MAS ha dividido a la bancada oficialista irremediablemente. Como el único fin de ambas partes contendientes es el poder en sí mismo, y cualquier medio parece ser justificable, el gobierno es corresponsable —junto al expresidente Morales— de la pérdida de disciplina partidaria en el MAS.

«Ideológicamente cerrados, los integrantes del gabinete del Presidente Arce, incluido él mismo, creen que la solución a un problema está en perseverar estoicamente en sus causas: un absurdo de tamaño indirectamente proporcional a su capacidad de gobernar».

Asimismo, en vez de dar señales de reformas económicas estructurales para afrontar la crisis, el gobierno insiste en los mismos errores que nos trajeron hasta aquí. Ideológicamente cerrados, los integrantes del gabinete del Presidente Arce, incluido él mismo, creen que la solución a un problema está en perseverar estoicamente en sus causas: un absurdo de tamaño indirectamente proporcional a su capacidad de gobernar. Por tanto, el destino que propone para los recursos a aprobar puede considerarse incluso un insulto al intelecto de cualquier legislador con algo de sentido común.

Finalmente, las arremetidas autoritarias del Presidente Arce no generan sino desconfianza en las bancadas opositoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El agrandamiento progresivo del Ejecutivo, instrumentalizando al Judicial con fines autoritarios, como la persecución política o el debilitamiento de los mecanismos de control legislativo (nótese el caso de la interpelación de ministros), es sólo un ejemplo de una serie de movidas políticas antidemocráticas. En este contexto, la oposición sería muy ingenua y torpe si aprobara recursos para su verdugo, aun si el gobierno vendiera su aprobación como indispensable para la realización de sus supuestas buenas intenciones.

Con un gobierno obstinado en su torpeza y en desmantelar las instituciones democráticas, no resulta llamativo que el legislativo actúe a la defensiva. Y qué bueno que lo hace, porque, con todas sus sombras, es de lo poco que queda vivo en nuestra pobre democracia. Si bien el conflicto interno del MAS es un factor casual que, en su interacción con los demás, condiciona la gobernabilidad, por su corresponsabilidad en éste, todas las razones del bloqueo legislativo son, al fin y al cabo, responsabilidad de la administración de Arce.