Los escenarios construidos para la elección judicial

En 2011 apenas se sabía la trascendencia que podía tener la votación. Se sospechaba, pero no se tenía un conocimiento cabal. Después de seis años ha quedado claro que lo de elegir al Consejo de la Magistratura por voto popular no ha mejorado en nada los procesos en primera instancia; ni el Tribunal Agroambiental ha emitido mayores criterios ante leyes como la que permite explorar en las Reservas, ni el Supremo ha agilizado los procesos más morosos, que normalmente tienen que ver con asuntos políticos, ni el Tribunal Constitucional se ha caracterizado por su defensa intransigente de los valores de la cartamagna.La elección del 3 de diciembre vuelve a ser trascendental por mucho que unos se empeñen en caricaturizarla y otros en fustigarla. El Gobierno del MAS, como todos los gobiernos en todos los países del mundo, hará sus esfuerzos por controlar el poder independiente de la Justicia; la oposición, como todas las oposiciones del mundo, peor con la levedad de su existencia, denunciará injerencias y manipulaciones. Lo extraordinario es que en Bolivia se elige por voto popular, y no basta decir que la trampa estaba en el proceso de selección de candidatos.En estos seis años oficialismo y oposición han configurado escenarios no tan diferentes entorno a la Justicia boliviana de acuerdo al rol que les tocaba jugar. La oposición ha fustigado sin piedad cualquier decisión colegiada en cualquier instancia y utilizado todos los “errores” o escándalos derivados del uso partidista y corrupto del poder judicial para presentar una Justicia servil al Gobierno, sin margen de independencia mínimo. Hasta ahí resulta habitual en casi todos los países del entorno.Más paradigmático ha sido el sostenido ataque desde las filas del Gobierno y el partido, acompañado de toda suerte de campañas de desprestigio. Críticas constantes a pesar de que son contadas con una mano las sentencias constitucionales o actos procesales que hayan directamente perjudicado al Gobierno. Este TCP que ahora se va es el que eliminó los artículos de la Ley Marco de Autonomías que permitían suspender a autoridades electas a simple acusación formal del Fiscal porque entendió, obviamente, que violaba los principios más básicos de la presunción de inocencia. Pero este TCP es también el que permitió la habilitación de Evo Morales en 2014 frente a la letra muerta de la Ley y ha dado el visto bueno a otra cantidad de leyes cuestionadas, desde la de la Coca hasta la del TIPNIS. Solo con la Ley del Notariado, una ley elementalmente técnica, algunos vocales decidieron emitir un criterio diferente al del Gobierno: El Senado les instaló un proceso y los depuró.La cuestión es que las críticas a la Justicia no son solo propiedad de la oposición, sino también del Gobierno, que además ha dado muestras de lo que puede hacer con aquellos que discrepan. Dos escenarios caben a partir del 3 de diciembre; el primero es que la gente acuda a votar en masa por algunos de sus candidatos que hayan logrado conquistar el corazón del boliviano promedio. Los resultados les darían una evidente legitimidad a los futuros magistrados para enfrentar cualquier tipo de presión.El segundo contempla que se vote masivamente nulo, blanco o que incluso no se acuda a votar. En ese escenario los candidatos futuros magistrados quedarían tocados de entrada. La oposición probablemente querría cantar victoria, pero la reacción gubernamental sería por demás esperada.El MAS puede tirar para adelante con lo que haya o puede escuchar al pueblo, e inmediatamente abrir un proceso constituyente que ajuste el tema de la Justicia a lo que el pueblo manifiesta y que no tendría que ver con la elección por voto popular. Lo que vendría después de un cambio Constitucional, con un Tribunal Constitucional cuestionado, es por demás conocido.