Sedeca: El momento político de una denuncia

Por ejemplo, Miguel Rojas Zamora, el que hubiera sido el director del Sedeca durante las gestiones de Mario Cossío, fue aprehendido en diciembre de 2012 por el caso de la ejecución de la obra Bermejo – San Antonio a través de la desconcentrada Ubesan. Hasta hoy vive un calvario judicial por ese y otros casos.Meses más tarde, el que fuera el elegido por el MAS para acompañar el proceso, Alberto Benítez Reynoso, también salió del cargo en medio del escándalo por el cobro del anticipo en la supervisión de la presa Huayco Grande, en Uriondo; después saltaron las denuncias por la adjudicación de la vía Iscayachi Copacabana a una empresa sin la experiencia debida.Su sucesor fue Luis Fernando Navarro, otro ingeniero de largo recorrido que ordenó de alguna forma la casa y se fue; después saltaron los escándalos de la adjudicación de la construcción de la Bermejo San Antonio al sobrino y la supervisión al tío; la resolución de contratos de la variante al Chaco o la más que notable licitación de la vía Carlazo Piedra Larga, más conocida como Condorvía, por casi el doble de lo que Benítez había encontrado adjudicado y se esmeró en resolver.Con los problemas de la Condorvía, el sucesor fue Jorge Quispe, el breve, que apenas le dio tiempo para ponerse al día con el asunto de la resolución de contratos y desaparecer.El último director del Sedeca de Lino Condori fue Ramiro Sániz, quien de alguna forma acabó por zafar de la Condorvía y mantener algo la calma con las carreteras de ejecución directa.En todos los casos hay una figura omnipresente: el hoy Fiscal Departamental Gilbert Muñoz. Muñoz cimentó su ascenso en una sólida capacidad de trabajo, conocimiento exhaustivo de su profesión y una capacidad innata para identificar los casos más polémicos. Caminos fue evidentemente una materia de su interés: Muñoz firmó la acusación fiscal que dio pie a la inhabilitación del Gobernador Mario Cossío en base a los artículos hoy inconstitucionales de la Ley Marco de Autonomías por el caso de la boleta no cobrada en precisamente otro caso de asfaltos, Imbolsur. Cossío, huido en Paraguay, fue absuelto de ese proceso años después.Entre el proceso que se le siguió a Cossío en 2010 y el que se le pretende abrir a Adrián Oliva en este 2017 hay un puñado de similitudes: asfalto, Muñoz, Gobierno opositor; y notables diferencias como que por ejemplo no hay artículos de la Ley Marco que contemplen la inhabilitación, pero hay más.En el caso de Cossío, hoy absuelto, se le acusaba de no haber resuelto convenientemente asegurando el cobro de las boletas pertinentes. A Oliva se le acusa de poco más que de haber nombrado a Omar Molina director, pues su participación es mínima.Oliva necesitaba obras y Molina se las dio. El proceso abierto penaliza una decisión gerencial de haber movido cemento asfáltico de una obra a otra para que esta se concluyera más rápido, evitando además que el material caducara. Por ese motivo Molina hoy está en prisión preventiva.Más curioso resulta todavía conocer que la denuncia que ayer motivó su detención en Morros Blancos, la misma con la que se pide la detención del Gobernador, fue rechazada por la Fiscalía hace apenas dos meses.Esta situación vuelca sin duda el foco hacia la intencionalidad política del procedimiento, tantas veces mentada en Bolivia por la Justicia que padecemos. Cuando Cossío fue inhabilitado cargaba a sus espaldas un largo historial de escándalos, obras inconclusas y enfrentamientos con el Gobierno que lo habían desgastado personal y políticamente. La gestión de Oliva, sin embargo, recién empieza a respirar gracias en parte a la voluntad del Gobierno para autorizar los endeudamientos. Los tiempos han podido coincidir casualmente, o no. Lo cierto es que la imputación llega en un momento político en el que se estaba resolviendo uno de los nudos gordianos de la legislatura: el de la crisis, esa de la que algunos no quieren que Tarija salga.