La senda económica y las zancadillas

Cuando el precio del barril de petróleo empezó su vertiginoso descenso a finales de 2014, Tarija tenía obras comprometidas por más de 8.000 millones de bolivianos luego de una gestión “generosa” de Lino Condori que decidió enviar gran cantidad de recursos a las provincias, donde “más falta hacían” y donde más desapercibidos han pasado.La gestión de Condori fue por demás generosa también con el Gobierno Central. Tarija, como ningún otro departamento, se comprometió a pagar casi siempre al menos la mitad de los proyectos comprometidos por Evo Morales, tanto en los programas Mi Agua o Mi Riego como en obras más sencillas. Aproximadamente se estiman 650 millones de bolivianos, proyectos que poco a poco se van acomodando en los fideicomisos abiertos por el Gobierno Central, que luego e negar la crisis vehementemente ha empezado a ofrecer mecanismos de alivio.También es voluminosa la cartera de proyectos con los Gobiernos Municipales, casi mil millones de bolivianos en proyectos concurrentes de los que al menos quedan 400 por pagar y mucho más la cartera de las subgobernaciones, de casi 6.000 millones de bolivianos de los que quedan más de 3.000 por ejecutar.El problema emergente son las facturas por pagar. Facturas y planillas que llevan más de un año, algunas más, acumulando polvo en los escritorios. Unos 500 millones de bolivianos que encierran familias golpeadas, sueños a medio construir y más de una decepción. Tantos meses han pasado; tantos discursos se han escuchado, que no parece real la posibilidad de que se vayan a poder liquidar.Durante unas semanas se apagaron las pulseadas, se apeló a la agenda conjunta, se obró con buenas artes, y hoy parece al alcance de la mano la liquidación de las deudas, que pesan como losas, si se da curso al fideicomiso solicitado de 400 millones de bolivianos además de concretar el crédito privado de alrededor de 170 millones de bolivianos. Es verdad que del primero apenas se puede aspirar al 25 por ciento y que el segundo tiene un costo económico considerable, pero la sensación general es buena.Optimista se mostró incluso el secretario de Gestión Institucional Rubén Ardaya respecto al resultado final del Pacto Fiscal, una actitud nada común en él respecto a este tema concreto. Para Ardaya hay posibilidades de que se cumpla la Ley, que instruye conversar y llegar por consenso a una redistribución (Ley Marco dixit), lo que en el peor de los escenarios propuestos por las tres gobernaciones que han hecho sugerencias para modificar la redistribución de los ingresos por coparticipación, se podrían sumar 500 millones de bolivianos extras para el departamento de Tarija, un monto nada despreciable teniendo en cuenta que el POA de 2018 apenas llega a los 1.200 millones.Para empezar a hablar de brotes verdes es necesario acabar con las deudas pendientes. Es difícil ver las cosas con optimismo cuando se sabe que no hay recursos para pagar todas las aventuras emprendidas; cuando hay empresas y trabajadores sosteniendo a interés cero los descubiertos de la Gobernación. Cualquier esfuerzo en ese sentido será bienvenido.El simple hecho de pagar deudas tan atrasadas supondrá una inyección de liquidez en el departamento, que no debería traducirse en inflación necesariamente sino en nuevos dinamismos de inversión y consumo, atascados desde 2016.2018 puede ser un buen año, sobre todo si el petróleo mantiene la estabilidad entorno a los 55 dólares sobre los que lleva meses cotizando. Es necesario, por tanto, aislar la economía de la batalla político partidaria y que todos los actores se den cuenta que mientras a Tarija le vaya mal, a todos les irá mal. Hay que salir y en ese camino no valen excusas ni zancadillas.