Libertad sospechosa

El director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Felipe Almaraz, indicó que detrás de los recientes hechos delictivos se encuentran implicados ex convictos que cumplían sentencia en centros penales del país.Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que “tendremos una reunión de coordinación (…) para evaluar respecto a las autoridades jurisdiccionales que liberaron de las cárceles a peligrosos antisociales”.De los reclusos que fueron liberados por las autoridades judiciales, al menos 10 habrían sido identificados como los autores de la comisión de graves delitos como robos y atracos. En ese contexto, la Policía movilizó a los organismos de Inteligencia para el seguimiento de los sospechosos.Y en ese escenario marcado por las sospechas hacia la presunta participación de reclusos liberados –se supone que condicionalmente o porque cumplieron su sentencia–, Romero dijo que transmitieron esa preocupación a las autoridades del Órgano Judicial, quienes hasta el momento no les remitieron ningún informe.Según el Capítulo IV, de la Ley 1768 de Modificaciones al Código Penal, respecto de la suspensión condicional de la pena y perdón judicial, un Juez de Sentencia tiene la facultad de suspender la condena en los siguientes casos:Que la pena privativa de libertad impuesta no exceda de tres años; que el reo no haya sido antes condenado por algún delito doloso en Bolivia o en el extranjero, y que por la naturaleza del hecho por el que fue sentenciado y su deseo de reparar los daños causados, permitan inferir que no cometerá nuevos delitos.Ahora bien, en el caso de los reclusos sentenciados a penas más severas como –por ejemplo– el ex dictador Luis García Meza, quien, pese a haber sido condenado a 30 años de prisión y sin derecho a indulto, se encuentra tramitando su libertad condicional; esta será concedida en el siguiente caso:El juez de la causa, mediante sentencia motivada podrá conceder libertad condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad que hubiera cumplido las dos terceras partes de su condena, previo informe de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y del Juez de Vigilancia.Además, el juez podrá conceder –excepcionalmente– el perdón judicial al autor de un primer delito, cuya sanción no sea mayor a un año cuando y que por  la levedad especial del hecho existan muchas probabilidades de que no volverá a delinquir. El juez también impondrá las normas de conducta que deberá cumplir el beneficiario, como no incurrir en otro delito doloso, dedicarse a un oficio o profesión, residir en un lugar determinado, abstenerse del juego y de las bebidas alcohólicas dentro de un término que el juez estime conveniente: entre dos y cinco años.La normativa señala que si durante el período de prueba el beneficiario de la libertad condicionada transgrediere sin causa justificada las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y se aplicará la sanción ya establecida. Y si el beneficiario de la suspensión de la pena cometiere otro delito, quedará sujeto al cumplimiento de todas las penas, pero si no hubiere sido revocada durante el período de prueba, la pena quedará extinguida. En ese contexto, lo que corresponde es que las autoridades que se reunirán la próxima semana, determinen si los 70 “peligrosos antisociales” cumplieron los requisitos que fija la ley para recuperar su libertad, ya sea condicional o definitiva, o si por el contrario violentaron la norma para beneficiarse con una libertad ilegítima e ilegal.Esa certidumbre permitirá conocer si los jueces de sentencia que tramitaron esos casos acataron o violaron los mandatos de la ley. Es decir, si cumplieron la ley o cometieron el delito de prevaricato, por el que deberían ser investigados, procesados y sentenciados si con hallados culpables. ¿No les parece?