Violencia feminicida

Guerrero hizo esas declaraciones durante la ceremonia de presentación del Manual de Directrices Mínimas, para la investigación de hechos delictivos que atentan contra la vida de las mujeres; y del Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucional, en el marco de la Ley Integral 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.El manual contiene las directrices mínimas para investigar de manera rápida, oportuna y con mejores resultados los hechos delictivos en razón de género, ya que uniforma los procedimientos y define criterios únicos para cumplir la norma legal.El manual plantea la debida diligencia que englobe el deber de prevención, investigación y sanción de la violencia de género, además que garantiza una reparación justa y eficaz para la víctima. Guerrero –citado por la estatal ABI– aseguró que el manual está al alcance de la Policía, que trabaja en el problema del feminicidio y de los administradores de justicia, y está orientado a mejorar la investigación penal con miras a una justicia pronta y oportuna.De acuerdo con fuentes oficiales, entre enero de 2015 y junio de 2016 y con excepción del departamento de Pando, las estadísticas desvelan que en La Paz y El Alto se reportaron 49 casos de feminicidio, en Cochabamba 36,  en Santa Cruz 23, en Chuquisaca 11, en Potosí 9, en Tarija 8, en Oruro 7 y en el departamento del Beni 4.Del total de los casos, en 25 de ellos los acusados se acogieron al procedimiento abreviado y en cuatro se dictó sentencia condenatoria.No obstante que la Ley 348 modificó el artículo 252 del Código Penal e incorporó del delito de feminicidio que castiga severamente al autor con una pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto, el promedio de casos de feminicidio se mantiene en números rojos.La violencia feminicida engloba a todas las formas de violencia contra las mujeres y el feminicidio es el conjunto de hechos que muestran el extremo de la violencia contra ellas, es un proceso de exclusión de la mitad de la población que llega al asesinato, una de las formas más extremas de discriminación contra las mujeres en razón de género.La violencia contra las niñas y las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ya que su práctica las limita total o parcialmente en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades.Además, la violencia de género es un problema político y hoy se sabe –por experiencias, vivencias y estudios académicos– que existen diversas formas de violencia contra ellas en tres ámbitos generales: violencia física, violencia sexual y violencia psicológica.El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida y, en casos extremos, culmina en una muerte violenta.En ese contexto, la aplicación del Manual de Directrices Mínimas y del Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucional para investigar de manera rápida, oportuna y con mejores resultados los hechos delictivos en razón de género, debería ir a la par que las autoridades judiciales asuman una actitud proactiva para sancionar el delito.Es que para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de algunas autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes que se multiplican cuando el Estado no crea las condiciones que den seguridad a las mujeres en su comunidad y en su casa, en los espacios de trabajo, de tránsito y de esparcimiento.En ese contexto, el feminicidio sólo será combatido eficazmente cuanto las autoridades desempeñen con eficiencia sus funciones y la justicia asuma plenamente su rol de castigar a los criminales, porque si no es así, el feminicidio también es un crimen de Estado.