¿Tráfico de influencias?

A 13 días de la denuncia sobre un presunto tráfico de influencias en la firma de contratos entre el Estado y la empresa China CAMC Engineering Co Ltd. Bolivia Branch, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió llevar adelante una investigación y para tal fin conformó una comisión multipartidaria integrada por legisladores oficialistas y opositores.La comisión integrada por siete asambleístas del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y cinco representantes de los partidos políticos de oposición tiene la misión de investigar el supuesto tráfico de influencias en el que fue involucrada una ex pareja del presidente Evo Morales y cuenta con un plazo perentorio de 90 días para elevar un informe al pleno de la Asamblea.Por parte del oficialismo conforman la comisión los senadores Rubén Medinacelli y Milton Barón, y los diputados Javier Zabaleta, Susana Rivero, Víctor Borda, Manuel Canelas y Romina Pérez, todos del MAS; mientras que por la oposición participan los senadores Víctor Zamora (PDC) y Óscar Ortiz (UD), y los diputados Wilson Santamaría (UDC), Norma Piérola (PDC) y Griselda Muñoz (UD).La noche del 3 de febrero, el comentarista Carlos Valverde denunció en su programa “Todo por hoy”, que se emite por Activa TV, un canal cruceño de televisión de alcance local, el presunto caso de tráfico de influencias. Y para respaldar sus acusaciones mostró el certificado de nacimiento de un hijo del presidente Evo Morales y de Geraldine Zapata Montaño, alta ejecutiva de la empresa china CAMC. Esta relación fue reconocida por el Jefe de Estado, quien desveló que el bebé falleció apenas nació en 2007 y aseguró que ese año rompió todo vínculo con Zapata.Según Valverde, Zapata es una persona vinculada a varios proyectos millonarios que la compañía china en la que trabaja suscribió con el Estado, supuestamente favorecida por la relación conyugal que mantuvo con el Jefe de Estado.Señaló que esos proyectos en ejecución son cinco: la Planta Industrial de Azúcar y sus derivados de San Buenaventura (La Paz), la planta Industrial de Sales de Potasio en Uyuni (Potosí), el proyecto Múltiple Misicuni en Cochabamba y la construcción del tramo ferroviario Bulo Bulo-Montero y la provisión de equipos petroleros.Sin embargo, a mediados de enero pasado se informó que el Ministerio de Obras Públicas decidió rescindir el contrato con la empresa china CAMC, encargada de la construcción del tramo I del ferrocarril Montero-Bulo Bulo. La decisión fue asumida por incumplimientos en el avance de la obra.Ahora bien, así como la Constitución Política del Estado garantiza el ejercicio de la libertad de prensa, marco en el que Valverde conduce su programa “Todo por hoy”, la Carta Magna también garantiza el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas, sean estas autoridades o ciudadanos comunes.Por ello, no es admisible que la relación conyugal entre Morales y Zapata sea utilizada como un argumento para sembrar dudas sobre la gestión del Presidente y, por ende, como parte sustancial de la campaña por el No por parte de quienes se oponen a modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado en el referéndum de este 21 de febrero.No obstante, para preservar la salud de la democracia, es imprescindible que todas las denuncias sobre el presunto tráfico de influencias que comentamos sean esclarecidas y, en ese ámbito, es plausible la conformación de una comisión multipartidaria para conocer en detalle todos los aspectos concernientes a la firma de los contratos entre el Estado y la empresa China CAMC Engineering Co Ltd. Bolivia Branch.En este sentido, la Contraloría General del Estado ya inició su trabajo de investigar los procesos administrativos que siguió la suscripción de los cinco contratos con la firma asiática, y la Unidad de Investigaciones Financieras también debería investigar de oficio el origen de la fortuna de Gabriela Zapata.Mientras tanto, acusaciones como que Valverde es “agente encubierto” de Estados Unidos y “operador de la estrategia opositora para desestabilizar al gobierno”, o que el presidente Morales “apadrinó el tráfico de influencias”, son sólo argumentos políticos que no contribuyen en nada a la búsqueda de la verdad histórica del caso.