Violencia contra la mujer

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Marín Sandoval (MAS) fue citado por el Ministerio Público para brindar declaraciones respecto de la denuncia que pesa en su contra por haber presuntamente golpeado a su pareja Litzi Rasguido, quien, no obstante, anunció que retirará la acusación.La fiscal Karina Cuba dijo que en base a la denuncia que cursa en su despacho y a “varios indicios” proseguirá con el trámite legal de la causa que ha despertado la unánime condena del oficialismo y de la oposición, así como de entidades defensoras de los derechos de la mujer.La denuncia fue presentada el pasado viernes por la presunta víctima y por el legislador departamental por el MAS, Gustavo Torrico, quien, en declaraciones a Erbol, aseguró que “el señor Marín Sandoval, presidente de la Asamblea, ha procedido en horas de la mañana a desfigurar literalmente a una señora, en su domicilio. Le ha pateado en el suelo, le ha destrozado las piezas dentales”.Indicó que él mismo visitó a la agredida y constató las heridas que le causó la presunta agresión. Según Torrico, cuando ella buscó atención en el Hospital de Clínicas, Sandoval supuestamente la habría hecho retirar con la ayuda de algunos policías y la devolvió a su domicilio, y agregó que el Sandoval le “tiró” 4.000 bolivianos a Litzi para sus curaciones y después se fue de viaje. Una vez conocido el hecho de violencia familiar o presunto intento de feminicidio, varios legisladores exigieron este fin de semana la expulsión de Sandoval de las filas del MAS y su procesamiento en la justicia ordinariaNo obstante, el asambleísta y su pareja ofrecieron una conferencia de prensa en la que admitieron sólo “pequeñas agresiones” y mientras el sindicado pidió “disculpas de todo corazón a todas las mujeres de Bolivia y de La Paz. Este asunto se está manejando políticamente”, la presunta víctima anunció que retirará la acusación.Sea como fuere, el hecho es que los testimonios acusan al asambleísta oficialista de ejercer violencia física en contra de su pareja, y si Litzi retira finalmente la demanda contra Sandoval, la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia faculta a la Fiscalía a proseguir de oficio con las acciones legales.Es que los hechos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción pública, lo que significa que la investigación se efectuará de oficio por el Ministerio Público en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).Además, la norma prohíbe expresamente cualquier tipo de conciliación entre el agresor y la víctima, y ordena que las instancias de atención definidas establezcan los mecanismos requeridos y efectivos para garantizar la protección de la vida de las mujeres, impidiendo riesgos sobre su vida o nuevas situaciones de violencia.Datos recientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) señalan que en lo que va de este 2015 esa repartición atendió 25.807 casos de violencia contra la mujer y 45 de feminicidio, aunque muy pocos procesados fueron sentenciados por los tribunales de justicia.La violencia en razón de género engloba a todas las formas de maltrato contra las mujeres, y el feminicidio es el conjunto de hechos que muestran el extremo de la violencia contra ellas, es un proceso de exclusión de la mitad de la población que llega al asesinato, una de las formas más extremas de discriminación contra las mujeres.La violencia en contra de la mujer viola los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre y de la persistencia de desigualdades por razón de género, afecta la erradicación de la pobreza y la lucha contra el VIH/Sida.La prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas es esencial, y su erradicación sólo será posible si asumimos como forma de vida la inclusión social, el trato digno, la complementariedad, la igualdad de oportunidades, la equidad social y la igualdad de género.En ese contexto, es imperioso que la justicia haga su trabajo y establezca la verdad histórica de los hechos, respetando la presunción de inocencia del acusado, y en el marco del debido proceso, libre de injerencias políticas.