La minería y la agenda 2025

Las aspiraciones del sector minero privado fueron expuestas en el coloquio sobre minería auspiciado por la Embajada de Canadá en Bolivia, el 24 de junio de 2013, con participación de connotadas personalidades. En la oportunidad, el ex ministro de Minería, Jorge Espinoza, destacó que, en el último siglo, un solo yacimiento de clase mundial, “San Cristóbal”, y otro de nivel medio, “San Bartolomé”, operan en el país.Para revertir esta situación, Espinoza, junto con otro ex ministro del área, Dionisio Garzón, destacaron la urgencia de atraer inversiones, eliminando la falta de seguridad jurídica y los avasallamientos y reduciendo los altos niveles de tributación, que impiden que Bolivia sea un país competitivo para la industria.Garzón pidió el cambio de La Constitución Política del Estado, que exige la reinversión de utilidades en el país. Otro experto, Henry Oporto, advirtió, en la misma oportunidad, que de fijarse una tributación del 55 por ciento (lo que efectivamente ocurrió al aprobarse la nueva Ley de Minería y Metalurgia, en junio), el “goverment take”, ascendería al 91 por ciento, lo que es inaceptable para cualquier empresa en el mundo. Por su parte, los ambientalistas, aún antes de aprobarse la nueva Ley Minera, dejaron constancia de que el gobierno de Evo Morales había reducido al máximo las reservas fiscales, al autorizar prospecciones en el norte amazónico, en el oriente chiquitano y la región chaqueña, concediendo extensiones de tierra que sobrepasan a los latifundios que existían en Bolivia.Si se quiere hablar del ejemplo de “San Cristóbal”, conviene recordar que el ex Ministro de Minería, José Pimentel (“Rebelión”, 28-03-2010), reveló que la empresa del mismo nombre genera ganancias por mil millones de dólares año y cuya tributación asciende a 35 millones de dólares en el mismo lapso. Además “San Cristóbal” utiliza 50.000 metros cúbicos de agua por día, de manera que el impuesto que paga no cubre el costo del líquido elemento que afecta a la desértica provincia Nor Lípez de Potosí. Como la nueva Ley Minera no es retroactiva, tampoco habrá cambios en el contrato pertinente.Para nadie son un secreto los efectos letales que origina la explotación del subsuelo, al provocar daños irreversibles a la salud humana y al medio ambiente, incrementando, aún más, el calentamiento global. Infelizmente, estas realidades no han impedido al Gobierno alemán, considerado ejemplo de defensa ecológica, autorizar la reapertura de minas de carbón, a fin de disminuir la desocupación y resolver sus agudos problemas económicos.Estas visiones antagónicas han cobrado súbita actualidad con la propuesta del Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, de crear un “colchón económico” para ayudar a los actores de la actividad minera, COMIBOL y compañías privadas, a fin de enfrentar las dificultades que ya se han  desatado por la rebaja de las cotizaciones internacionales de las materias primas.El problema nos lleva a formularnos una pregunta central. El “colchón económico”, que será creado con dinero de todos los bolivianos, ¿servirá para “ayudar” aun más a compañías como “San Cristóbal”, a COMIBOL o, finalmente, a cooperativas mineras que, pese a ser las que más contaminan, menos  tributan y no reconocen beneficios sociales a sus trabajadores, resultan, muchas veces, intermediarias de concesiones que terminan por beneficiar a empresas privadas?